EscucharSiguiendo el mismo libreto que utilizó en febrero del pasado año, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló el 5 de este mes a 135 presos políticos. Es motivo para celebrar, por razones humanitarias. Al fin salieron de las mazmorras en que nunca debieron estar, y lograron poner fin a meses o años de violaciones a sus derechos elementales. Sin embargo, el costo fue muy alto, y reitera la perversa naturaleza del régimen: los expulsaron hacia Guatemala, los privaron de su nacionalidad y los despojaron de sus bienes en el país. Con este grupo, ya son 451 los opositores nicaragüenses convertidos en apátridas.
Por algo el martes de esta semana, en Ginebra, Suiza, el grupo de expertos de las Naciones Unidas a cargo de monitorear las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua actualizó oralmente su amplio informe escrito de inicios de año y reiteró la comisión de múltiples delitos de lesa humanidad en el país. Entre ellos, denunció las detenciones arbitrarias y la instrumentalización del Poder Judicial para eliminar toda oposición “real, potencial o percibida como tal”. Sus principales culpables: la pareja dictatorial.
El propio régimen se encargó de ofrecer una fuerte evidencia sobre esta pavorosa situación. El mismo día del informe, un tribunal de Managua, instrumento del régimen, ordenó la pérdida de nacionalidad para los 135 liberados, “por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense”, y decidió “el decomiso de todos los bienes de los condenados”.
Lo anterior estuvo aparejado con otras medidas de más amplio espectro represivo. El miércoles, la Asamblea Nacional, instrumento también de los Ortega Murillo, aprobó “con carácter de urgencia” una draconiana reforma de la Ley Especial de Ciberdelitos del 2020, conocida apropiadamente como “ley mordaza”. Entre otras cosas, amplía el ámbito de los supuestos delitos a todo tipo de redes sociales, incluidos los servicios de mensajería, y aumenta las penas a sus presuntos culpables.
También fue endurecido aún más el Código Penal. Entre las deleznables modificaciones introdujo, precisamente, la posibilidad de enjuiciar a nicaragüenses que estén fuera del país por una amplia y arbitraria gama de figuras penales. Sus penas pueden incluir desde la confiscación de bienes hasta la cadena perpetua a los condenados por lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y “cualquier falta contra la administración pública”.
En otra clara violación a principios elementales del debido proceso, la reforma al Código otorgó autoridad a la represiva Policía Nacional para allanar, sustraer equipos telefónicos e informáticos, así como exigir a las compañías de servicios digitales información sobre las actividades de usuarios sometidos a investigación, sin necesidad de orden judicial.
El propósito de extender la acción penal a residentes fuera de Nicaragua es claro. Lo que se pretende es utilizar sus eventuales condenas para activar mecanismos policiales internacionales, como los que ofrece Interpol o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para tramitar órdenes de arresto y extradición. Se trataría, en este caso, de instrumentalizar plataformas creadas para combatir la delincuencia internacional con propósitos de persecución política.
El grupo de expertos de la ONU que rindió su informe el martes ha documentado y denunciado también otro “patrón particularmente grave de violaciones con alcance transfronterizo”. Se trata de lo que denomina “violación por asociación”, es decir, el asedio y la persecución contra familiares en Nicaragua de opositores que residen en el exterior.
La ampliación y endurecimiento del repertorio represivo de la dictadura no puede ser maquillada con la excarcelación de 135 personas que nunca debieron estar en la cárcel. Sus únicos “delitos” fueron expresarse, manifestarse, intentar organizarse y trabajar en pro de los derechos humanos.
A consecuencia de las viejas y nuevas herramientas persecutorias del régimen, el control del Poder Judicial y la perversidad de los gobernantes, es muy probable que las cárceles, donde aún permanecen alrededor de 40 presos políticos, comiencen pronto a llenarse de nuevo. La arbitrariedad y la represión sin límites están en la esencia de su naturaleza. Nada indica que cambiarán, razón de más para su denuncia, rechazo y condena.
