El pasado domingo, al conmemorarse 32 años del fallido golpe de Estado de Hugo Chávez contra el presidente constitucional de Venezuela Carlos Andrés Pérez, el dictador venezolano Nicolás Maduro tuvo una rara muestra de sinceridad. Sin ningún pudor, dijo que ganaría las elecciones en su país, aún sin fecha definida, “por las buenas o por las malas”.
Como en una encuesta realizada en noviembre solo un 9 % de los consultados manifestó que le daría su voto, mientras el 70 % se inclinó por la opositora María Corina Machado, resulta claro que solo tiene una vía para cumplir con su deseo: “Por las malas”. No sorprende que haya activado esta vía con absoluto desdén por la democracia y en violación del espíritu de un acuerdo alcanzado en Barbados el 17 de octubre, entre representantes de su régimen y la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática, la más representativa del país.
Allí, los delegados de Maduro se comprometieron a cumplir con una serie de garantías y derechos políticos, entre ellos la convocatoria a elecciones en el segundo semestre de este año, con observación electoral internacional, un registro de votantes actualizado y la participación de todos los candidatos, “siempre que cumplan con los requisitos para participar en la elección presidencial”. A cambio, entre otras cosas, Estados Unidos levantó una serie de sanciones económicas, algo que ha dado respiro al régimen, que aceptó la repatriación de migrantes ilegales.
Pocos días después, la Plataforma realizó elecciones primarias, en las que Machado obtuvo el 92 % del apoyo entre más de dos millones de participantes. De inmediato, comenzó una campaña nacional, con gran dinamismo y adhesión popular.
En ese momento, aún estaba vigente una arbitraria decisión judicial que la inhabilitaba como candidata, pero el entendido de Barbados era que, una vez que cumpliera con un debido proceso, la prohibición desaparecería. Sin embargo, la certeza de que, de competir con ella, su derrota sería aplastante, hizo que Maduro se valiera del Tribunal Supremo de Justicia, totalmente plegado a sus designios, para que el 26 de enero ratificara la inhabilitación. En esa oportunidad, también fue bloqueada la participación de quien quizá sea el segundo político venezolano más popular: Henrique Capriles. El “por las malas” no podía ser más claro.
Machado y su alianza han mantenido la campaña, en un abierto y necesario desafío contra la dictadura. Estados Unidos ha renovado algunas sanciones y dicho que si no se permite su participación, activará las demás que había levantado. Sin embargo, esta posible medida difícilmente hará cambiar de curso a Maduro: si se ha mantenido en el poder durante varios años con sanciones, podrá hacerlo hasta una eventual y espuria reelección.
Con el freno a Machado y Capriles, Maduro tiene también otras intenciones. Se trata de despertar el apetito de sectores y aspirantes opositores blandos, o de agrupaciones que se definen como tales —pero sin serlo—, para crear divisiones entre ellos. De este modo, se garantizaría contrincantes múltiples y débiles, un remedo de competencia, y lograría entonces, junto con otras medidas de manipulación, control y represión, hacerse con otro período presidencial que tenga ciertos visos de legitimidad.
La fecha de los comicios aún no ha sido establecida. El oficialismo quiere acelerar su realización —fijada en Barbados para el segundo semestre de este año— con el propósito de que, si se consolida en los hechos la prohibición de Machado, la oposición real no tenga suficiente tiempo para reorganizarse.
La conclusión está clara: en los planes de Maduro y sus secuaces no existe intención alguna de una competencia electoral abierta, democrática, honesta y transparente. Lo que han pretendido es ganar tiempo con promesas, incumplirlas paulatinamente, debilitar el sólido clamor de cambio, desmantelar la oposición y, como resultado, mantenerse en el poder.
Ante esta maniobra, se impone una gran firmeza de los sectores realmente democráticos venezolanos para no caer en la trampa, y mantener su apoyo a la candidatura de Machado por todo el tiempo que sea posible. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, debe salir de su tibieza y elevar el costo para el régimen de su camino “por las malas”, que resulta inaceptable.