El Ministerio de Hacienda publicó las cifras fiscales correspondientes a agosto del 2024. Aunque la situación de las finanzas públicas no varió significativamente con respecto a meses anteriores, resultó sorpresivo el cambio en la narrativa de las autoridades. Durante meses, el gobierno había destacado la economía costarricense como el “jaguar latinoamericano” debido a sus resultados económicos y sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la realidad parece alejarse de esa visión optimista.
El gobierno reconoce que las cifras fiscales no son tan positivas como se había anunciado previamente, y admite un deterioro en varios indicadores clave. El más notable es la reducción del superávit primario, fundamental para mantener un círculo virtuoso en las finanzas públicas y una tendencia decreciente de la deuda. En el 2022, el diferencial positivo entre ingresos y gastos superó los ¢846.000 millones; este año, apenas alcanza la mitad de esa suma, y continúa mostrando una tendencia a la baja.
Las autoridades ahora enfatizan la importancia de avanzar en una agenda fiscal para mejorar la situación de la Hacienda pública. Lo llamativo es que el propio gobierno ha tomado medidas que erosionan parte de los buenos resultados fiscales obtenidos por la administración anterior después de arduos esfuerzos.
La primera de estas medidas está relacionada con la forma en que se decidió financiar el déficit fiscal. En el 2021, el 67 % del déficit se financió con endeudamiento interno, mientras que en el 2023, el 77 % se financió con endeudamiento externo. Aunque el objetivo inicial era sustituir deuda costosa por deuda más barata, en la práctica no se logró. Hoy, el pago de intereses de la deuda externa ha crecido aceleradamente, con un aumento del 88 % desde el 2021, casi duplicando el monto pagado en agosto de ese año. Si el tipo de cambio sube, esta deuda no será tan barata como se anticipaba.
El fuerte endeudamiento en moneda extranjera también ha afectado el mercado cambiario y, en consecuencia, la recaudación fiscal. La mayor oferta de dólares, impulsada por la colocación de eurobonos y desembolsos de créditos de organismos multilaterales, ocasiona pérdidas cambiarias en muchas empresas, lo que redujo los adelantos del impuesto sobre la renta en el 2024. Esto, sumado a un entorno económico en desaceleración, dificulta mejorar la recaudación. ¿Será que la aceleración económica anunciada era más una expectativa que una realidad?
La segunda medida fue la reducción del marchamo. A pesar de que tanto el presidente como el ministro de Hacienda han criticado sus efectos, omiten mencionar que la iniciativa provino del mismo Poder Ejecutivo. En abril del 2023, el presidente prometió reducir el impuesto para el 92 % de los vehículos. Tres propuestas fueron presentadas por el Ministerio de Hacienda y, finalmente, la reducción fue aprobada con 55 votos a favor, incluidos los del partido oficialista, sin que el presidente Chaves la vetara. Por lo tanto, la pérdida de ingresos no es atribuible a la oposición.
La tercera medida es la menor disciplina fiscal. Mientras los ingresos totales crecieron un 2,2 %, los gastos totales aumentaron un 7,2 %. De hecho, el gasto sin intereses se incrementó un 7,8 %, impulsado principalmente por el aumento del gasto corriente. Lo preocupante es que, con ocho meses transcurridos, no parece haber intención de cumplir con la regla fiscal, especialmente ahora que no hay un convenio vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En abril del 2022, Rodrigo Chaves declaró indispensable el acuerdo con el FMI y manifestó su interés en renegociar “hacia arriba”, aunque no especificó qué significaba eso. Sin embargo, esa renegociación nunca ocurrió, y el convenio concluyó en julio del 2024. Sorprende el escaso interés del Ministerio de Hacienda en suscribir un nuevo acuerdo, desaprovechando los beneficios que conlleva tener al FMI como garante del compromiso fiscal del país, entre ellos la reducción de los costos de financiamiento.
Quedan dieciocho meses para que esta administración concluya, y parece que no dejará los resultados fiscales más favorables ni los que había prometido. Aunque el entorno económico ha cambiado, gran parte del deterioro fiscal deriva de decisiones erradas tomadas desde la cartera de Hacienda.