EscucharLos Angeles Times, periódico de gran relevancia en la costa oeste de los Estados Unidos, atribuye al presidente, Carlos Alvarado, una tempranera iniciativa para ampliar la producción de vacunas contra la covid-19 con participación de los países en vías de desarrollo, a la postre los más necesitados y carentes del fármaco.
Según el mandatario, las naciones industrializadas no pueden producir las vacunas requeridas para inocular a miles de millones de personas con suficiente rapidez para evitar incontables muertes. Ahora sabemos que la premura también ayudaría a prevenir el surgimiento de nuevas cepas, capaces de prolongar la pandemia y, finalmente, burlar la protección de las vacunas existentes.
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La idea es preparar a decenas de industrias farmacéuticas de América Latina, Asia y África para producir vacunas a gran escala. Fue acogida por la Organización Mundial de la Salud con el nombre COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), pero enfrentó la oposición de las casas farmacéuticas y la administración del presidente Donald Trump.
Las desarrolladoras de las vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm) temen el robo de su innovadora tecnología y prometen 10.000 millones de dosis para fin de año. Pero la realidad actual son cientos de miles de muertes y muchas más en perspectiva en todo el mundo en desarrollo, amén del surgimiento de nuevas variantes y la aplicación del 80 % de las dosis totales en los países industrializados.
En consecuencia, buena parte del planeta depende de manera desproporcionada de la vacuna de AstraZeneca producida por el Instituto Serológico de la India. Para empeorar la situación, el imparable brote de la enfermedad en ese país impone restricciones a la exportación.
El C-TAP procuraba un equilibrio entre los derechos derivados de la propiedad intelectual y la producción masiva de vacunas. Los fabricantes locales serían seleccionados con rigor para proteger la propiedad intelectual y se impondrían mecanismos para mantener el control en manos de las empresas desarrolladoras del fármaco, cuyos derechos económicos serían honrados.
Esas garantías y cualquier otra necesaria para asegurar el justo premio a la innovación permitirían ponerla a buen uso con celeridad. Las grandes empresas farmacéuticas se acreditaron una magnifica proeza con el desarrollo acelerado de las vacunas. Los beneficios derivados del esfuerzo deben ser protegidos. La tecnología del ARNm es particularmente sensible porque podría ser la clave del remedio para otras enfermedades, entre ellas el cáncer.
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Esos intereses deben ser armonizados con la urgencia planteada por la pandemia. En varios casos, el desarrollo de vacunas recibió impulso del dinero público de naciones como los Estados Unidos que, si bien se ven beneficiadas con la abundancia de vacunas, tienen un interés directo en evitar el surgimiento de nuevas cepas del virus capaces de renovar el peligro para su población.
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Cuando se le preguntó al Dr. Anthony Fauci, principal epidemiólogo de los Estados Unidos y asesor del presidente Joe Biden en todo lo relacionado con la pandemia, si su país debería apoyar el C-TAP, contestó: «La respuesta es fácil: sí, sí, sí».
El C-TAP podría ser mejor que la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual propuesta a la Organización Mundial del Comercio. La fabricación de medicamentos genéricos exige, primero, determinar su composición. El mundo no tiene tiempo que perder y ese proceso implica más riesgos para la propiedad intelectual que la incorporación ordenada de más fabricantes a la producción de vacunas.
