Editorial: Mucho más que escáneres

Las estadísticas también apuntan hacia la ineficacia de los esfuerzos desplegados. Entre el 2020 y el 2023, las incautaciones de cocaína cayeron un 55 %. En el 2020, las autoridades decomisaron 47,1 toneladas y solo 24,7 en el 2022. El año siguiente, 21,4 toneladas, y este año podría cerrar de forma parecida.

Los datos son del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Por su parte, fuentes internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o Insight Crime, dedicada a la investigación del crimen organizado en América Latina, señalan la abundante producción de cocaína en el sur del continente durante el mismo período. En suma, mientras el narcotráfico aumenta, Costa Rica hace menos decomisos.

Nuestro problema también figura con preeminencia en los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En el 2021, Costa Rica desplazó a México como principal punto de transbordo de cocaína exportada de Suramérica a esa nación, según el informe publicado en abril del 2022. En años siguientes, México retomó su predominio, pero nuestro país se mantiene en los primeros lugares.

Las tasas de homicidio locales tampoco mienten. El país viene estableciendo nuevas marcas y este año, si la situación no se agrava, podría cerrar igual o ligeramente peor que el 2023, pero ese año estableció un escalofriante récord histórico. Las autoridades atribuyen la sangría fundamentalmente al narcotráfico.

El propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, explicó la violencia del 2023, el 12 de marzo, en CNN, con mención del narcomenudeo surgido del papel de Costa Rica como “uno de los principales puertos de reexportación de cocaína en el mundo”, porque lo grandes traficantes pagan a sus cómplices locales en especie.

La captura de importantes figuras del narcotráfico en suelo nacional, como acaba de suceder con uno de los 50 más buscados por las autoridades estadounidenses, también atestigua el papel del país en el ilícito. Otro tanto puede decirse del surgimiento de organizaciones y delincuentes nacionales con proyección más allá de nuestras fronteras.

Por eso, sorprende la reacción del Ejecutivo cuando la intensidad del narcotráfico sale a relucir en la prensa nacional y extranjera. Todo se reduce a la instalación de escáneres en los puntos donde deben operar, y si no se le ha puesto punto final al trasiego es porque al gobierno no lo dejaron comprar los aparatos.

Pero en realidad nadie ha impedido la adquisición. Solo se objetó ejecutarla por medios contrarios a la ley. Si el trámite se hubiera encauzado correctamente, buena parte de los equipos ya estarían funcionando. Claro está, esa circunstancia, por sí sola, no habría puesto fin al problema. Los escáneres son apenas un elemento de la lucha contra el trasiego de drogas y los puntos donde serán colocados no agotan la totalidad de las rutas posibles.

Eso no les resta importancia, pero sí los ubica en su justa dimensión. La vigilancia de puertos y otros puntos de ingreso y salida exige mucho más. El decomiso de mil kilos de cocaína en Moín, después de su paso por los escáneres, se debió al olfato de un perro adiestrado. La inteligencia y los agentes entrenados para “perfilar” embarques son insustituibles, así como la capacidad de investigación fuera de los puntos de embarque.

Ninguna estrategia será eficaz sin vigilancia aérea y marítima, pero en agosto informamos de las carencias del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). En los dos meses previos a la publicación, solo una de las nueve aeronaves estaba en capacidad de volar y no se le asignaban tareas de la lucha antinarcóticos.

Insistir en que el problema se reduce a la instalación de escáneres es llamarse a engaño o procurar una distracción. Si la inversión en esa tecnología constituyera una solución contundente, los puertos de Estados Unidos y Europa serían invulnerables, pero sabemos que no lo son, pues, de lo contrario, los carteles se habrían aburrido de trasegar la droga por esas vías.