En tres décadas, el número de adultos mayores pasará de 500.000 a 1,2 millones. La estadística desvela a los encargados del sistema de salud porque los costos de atender a esa población son enormes. Si por la víspera se saca el día, las preocupaciones están justificadas de sobra. En la actualidad, solo dos de cada diez mayores de 65 años gozan de buena salud. El resto sufre algún tipo de padecimiento y muchos enfrentan multimorbilidad, es decir, dos o más enfermedades crónicas.
Repensar el sistema de salud para atender la realidad demográfica del futuro comienza por la prevención, y en ningún ámbito es más urgente que en el de la obesidad, punto de partida de una gama de enfermedades y complicaciones de carísimo tratamiento. Sumado al envejecimiento de la población, el sobrepeso representa una amenaza financiera para los servicios de salud y una gran limitación a la calidad de vida de los pacientes.
Un estudio internacional publicado en fecha reciente estima en un 94,3% los costarricenses con sobrepeso en el 2060 si las tendencias y hábitos de la actualidad se mantienen a lo largo de las próximas décadas. El período de la estimación coincide con el de la casi duplicación de la población adulta mayor.
El costo de la atención de pacientes obesos podría llegar a $1.300 millones, dice el estudio publicado en setiembre por la revista “BMJ Global Health”. Las incapacidades costarían otros $441.500 millones. Ya en el 2021, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atendió a 297.552 pacientes con complicaciones derivadas de la obesidad. Xinia Fernández, investigadora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (UCR), analizó los alcances del estudio, aunque no participó en la elaboración. Los costos, dijo, sobrepasan las capacidades de un país de ingresos medios como el nuestro.
Los datos más recientes de sobrepeso en Costa Rica son del 2019 y ubican al 58,6% de la población en esa categoría. La cifra despeja la incredulidad suscitada en primera instancia por la proyección del 94,3% dentro de 30 años. La población con exceso de peso ya es mayoría, pero los hábitos asociados con el padecimiento más bien se extienden a lo largo y ancho del país y a todos los grupos sociales.
Rápidos cambios culturales entronizan el sedentarismo como en otras sociedades de ingresos medios y altos. También prevalecen los alimentos ricos en grasas y sodio, con pocas proteínas y fibras. Bebidas azucaradas, golosinas y comidas rápidas crean hábito desde temprana edad pese a las advertencias médicas sobre los efectos de la obesidad infantil en los padecimientos futuros.
La educación contra la obesidad comienza por la familia y, en última instancia, su aprovechamiento depende del individuo, pero hay un amplísimo espacio para la política pública. Es indispensable incorporar la formación nutricional al currículo de escuelas y colegios y a las prácticas alimentarias de los estudiantes mientras permanecen en los centros de aprendizaje.
La práctica del deporte y, en general, la actividad física, no son meros entretenimientos. La infraestructura necesaria es una inversión cuyos réditos se vislumbran en los pronósticos del estudio citado. Pero también hay mucho por hacer en materia de etiquetado de alimentos para informar a la población del contenido de los productos a su disposición.
Más polémicas resultan las medidas tributarias aplicadas para desestimular el consumo de alimentos poco saludables y generar ingresos para los sistemas de salud. El debate vale la pena y en otros países los impuestos y etiquetas más bien impulsan a los fabricantes a variar la formulación de sus productos para ubicarlos en categorías más saludables.
Quizá lo más preocupante sea la falta de debate. Las estadísticas de obesidad indican que ya estamos llegando tarde y las proyecciones advierten de que no hay más tiempo para perder. El sobrepeso es un serio problema de salud en la actualidad y, si no corregimos el rumbo, se magnificará en el futuro.