EscucharLa frontera con Nicaragua no la cerró Costa Rica, sino Daniel Ortega. Nuestras autoridades permiten el paso de mercancías y personas, con fuertes restricciones para evitar la importación de casos de covid-19. Es la dictadura de Daniel Ortega la que decidió el cierre, y sus razones son obvias: las medidas adoptadas por las autoridades de salud nacionales desnudan las mentiras del régimen nicaragüense.
En la frontera, Costa Rica ha diagnosticado a 50 transportistas de covid-19 procedentes del país vecino, pero Ortega y su régimen solo admiten 25 casos de contagio en todo el territorio bajo su jurisdicción. Para el dictador, aceptar la verdad encierra graves peligros. Por un lado, aumentaría la presión a favor de las únicas medidas eficaces para poner coto a la pandemia, especialmente en un país tan limitado de recursos como Nicaragua: el distanciamiento social y el cierre de numerosas actividades económicas.
Así, se salvó Costa Rica de una tragedia mayor, pero la nación vecina, con una economía deshecha antes de la pandemia, podría caer rápidamente en la inestabilidad social y política que estuvo a punto de poner fin a la dictadura en abril del 2018. Ortega prefiere correr el riesgo de la pandemia y disfraza su presencia con estúpidos llamados a festejos populares, carnavales y reinados de belleza. Los muertos no fallecen por covid-19, sino por una “neumonía atípica”, un curioso padecimiento que ha quitado la vida a cientos de personas, no podemos saber cuántas.
Según el prestigioso diario electrónico Confidencial, Ortega admitió el martes 223 muertes por neumonía en solo 12 días y “algunas” por covid-19. El dictador afirmó que 309 personas habían fallecido por esas causas hasta el 15 de mayo. Doce días antes, el registro oficial era de 86 muertos. Las cifras son alarmantes, pero hay razones para desconfiar de ellas por la evidente manipulación gubernamental y la suspensión, desde el 3 de mayo, del boletín epidemiológico semanal.
El riesgo para la salud pública costarricense es grande. Los transportistas circulan a lo largo y ancho del territorio nacional, y paran para alimentarse, refrescarse y conversar con amigos. Los 50 cuyo ingreso se evitó gracias a las pruebas hechas en la frontera eran agentes de infección ambulantes. Nuestras autoridades ya identificaron 38 contagios en territorio nacional producto del contacto con transportistas y personas que estuvieron cerca de ellos.
Costa Rica ha hecho grandes sacrificios para mantener la pandemia bajo control, incluida la renuncia al turismo, una de sus actividades económicas más gananciosas. Lo ha logrado fundamentalmente gracias al distanciamiento y la reclusión, pero sigue siendo un país de cinco millones de habitantes con apenas 227 camas en las unidades de cuidados intensivos de los 29 hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. No hay margen para arriesgar un contagio salido de control, como pudo haber sucedido si las decisiones de cierre hubieran tardado una semana más, en opinión del propio ministro de Salud, Daniel Salas.
El éxito habido hasta ahora no debe hacernos olvidar la persistencia del peligro y la existencia de vulnerabilidades. La irresponsabilidad del régimen de Daniel Ortega es una de ellas. El hermano pueblo nicaragüense no se la merece. Tampoco el nuestro debe pagar sus consecuencias. Ortega debe abrir la frontera cuanto antes. Por su parte, nuestras autoridades de salud no pueden dejar de fiscalizar el paso de la manera menos engorrosa posible.
El comercio que transita por esa frontera es de enorme importancia para todos los países de la región. Es preciso hacerlo fluir sin olvidar la naturaleza del régimen enquistado más allá del San Juan, sus caprichos y falsedades. Sobre todo, debemos guardarnos de caer en sus trampas.
