EscucharCuando la redacción de «La Nación» recibió el comunicado de la Defensoría de los Habitantes por Twitter, la primera reacción fue de incredulidad. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, convocaba al presidente de la República, Carlos Alvarado, y al ministro de salud, Daniel Salas, a su despacho en barrio México para ponerlos frente a representantes de los grupos contrarios a la vacunación contra la covid-19.
El irrespeto a la investidura presidencial es grave, pero pasa a segundo plano ante el despropósito de carear al mandatario y a su ministro con quienes propagan peligrosas teorías en frontal colisión con la ciencia. Si el presidente acudiera, su sola presencia elevaría el perfil de las mentiras y aumentaría el riesgo para la vida de los crédulos.
La carcajada resonaría, estrepitosa, por los canales internacionales de noticias. Una cumbre del mandatario y los activistas contra las vacunas, presidida por la defensora, sería una inmerecida vergüenza para Costa Rica. Hasta ahora, no hay noticia de un acontecimiento similar en el mundo.
En nuestras escuelas se enseña la redondez de la Tierra. Podría la defensora citar al presidente y a su ministra de Educación para debatir sobre la posibilidad de que sea plana. La convocatoria se justificaría por el derecho de los padres a supervisar la enseñanza de sus hijos y, aunque parezca mentira, hay personas dispuestas a abogar por la geografía del Medioevo.
Existen, también, motivos religiosos —llamémoslos de conciencia— para poner en la picota la teoría de la evolución, pero el sistema educativo se guía por la ciencia. Lo mismo hacen los servicios de salud.
En este caso, no se trata de opiniones sujetas a diálogo ni de políticas públicas negociables. El gobierno está obligado a proteger la salud a partir del conocimiento científico actual. Ni su deber ni los hechos acreditados por la ciencia están en duda o dan pie para la disrupción de la paz social. Si la Defensoría atiende a los opositores a la vacunación, debería ser para explicarles el peligro de sus teorías y la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.
La convocatoria al presidente no es menos irrespetuosa que un llamado a los integrantes de la Sala Constitucional para que se presenten, puntualmente y ante las mismas personas, a rendir cuentas de sus fallos a favor de la vacunación obligatoria, siempre en nombre del diálogo y la paz social.
La paz se preserva mediante la observancia de la ley y el respeto al derecho ajeno. Ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo se han extralimitado en el ejercicio de sus potestades, y la Defensoría menoscaba la institucionalidad y la democracia si alienta la rebelión y hace de su legitimación una condición para la paz. El diálogo, por otra parte, solo tiene sentido cuando descansa sobre hechos constatados, no sobre caprichos, teorías de la conspiración y testimonios aislados de pseudocientíficos.
Hay demasiado en juego para no salir al paso a la irresponsabilidad. Más de 6.000 muertes y el sufrimiento de decenas de miles de enfermos bastarían para reaccionar, pero la amenaza de la covid-19 va más allá de las infecciones y sus consecuencias. Las penurias económicas del último año y medio causan dolor a cientos de miles de conciudadanos y lo seguirán causando mientras el país no vuelva a ponerse de pie.
La semana pasada el Fondo Monetario Internacional nos ofreció una esperanza cuando revisó la proyección de crecimiento para el año entrante del 2,8 % al 4,7 % del PIB. El nuevo cálculo, dijo, obedece, entre otros factores, a una vigorosa campaña de vacunación.
La Defensoría de los Habitantes sorprende, una vez más, por su incoherencia. En vez de abogar por la salud pública y el bienestar económico de la población, apadrina a una minoría que, si de ella dependiera, pondría esos valores en jaque.
