EscucharLa férrea oposición del presidente Rodrigo Chaves a la construcción del nuevo hospital de Cartago en el terreno adquirido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde 2011, en Coris, El Guarco, resulta incomprensible. A punto de cumplir tres años de mandato, el gobernante no ha ofrecido ninguna solución concreta ni un argumento técnico convincente que justifique su resistencia a levantar el centro médico en el lote de 118.883 metros cuadrados, adquirido mediante un concurso con 11 ofertas por ¢1.595 millones.
Todos los estudios técnicos, en los que el país ha invertido más de 13 años y millones de colones, avalan la construcción del moderno hospital en ese lugar. La urgencia es evidente: el hacinamiento y las condiciones obsoletas del Hospital Max Peralta, construido hace casi 115 años, tras el terremoto de 1910, afectan gravemente a pacientes y personal médico.
En contraste, los argumentos del gobernante son meramente políticos y carentes de sustento técnico. Su postura solo ha generado pérdida de valioso tiempo y retraso en la construcción de un hospital digno para los 750.000 habitantes que están en la zona de cobertura del Max Peralta.
También resulta preocupante la intromisión de la Casa Presidencial en una contratación que, por su alto costo y complejidad, debe responder exclusivamente a criterios técnicos. En ese sentido, debe respetarse la potestad de la CCSS para decidir, como institución autónoma, sobre la contratación de la constructora, sin injerencia del Ejecutivo. El Caso Barrenador, en el cual la Fiscalía sospecha de un sobreprecio de hasta ¢12.000 millones anuales en la administración de 138 Ebáis, evidencia por qué las decisiones deben quedar en manos de técnicos y no de políticos, y bajo rigurosa fiscalización.
Igualmente, son inaceptables los insultos y amenazas del presidente contra tres de los nueve miembros de la Junta Directiva de la CCSS por haber votado a favor de que la Junta de Adquisiciones –conformada por los gerentes– decida sobre la nueva licitación. La agresividad del mandatario confunde, pues no queda claro su propósito más allá de entorpecer el proceso. En buena hora que los tres representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) no cedieron y optaron por buscar soluciones en vez de prolongar el suplicio de los cartagineses.
La propuesta de la Gerencia Financiera de la CCSS, basada en criterios de la Dirección Jurídica y la Dirección Financiero Contable, y respaldada por la mayoría de la Junta Directiva, es la salida más viable. Consiste en adjudicar la obra a la empresa costarricense Van der Laat y Jiménez, que quedó en segundo lugar en el proceso de licitación, luego de que la constructora mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras se retirara alegando “incertidumbre política”.
La decisión de la CCSS es razonable y legal. Tanto la Dirección Jurídica como la Financiero Contable confirmaron que la Junta Directiva tiene la facultad de readjudicar la obra a alguna de las tres ofertas que cumplieron con los requisitos. Además de Van der Laat y Jiménez S. A., participaron en el concurso el Consorcio Edica HMPJ y el Consorcio Edificar-Estructuras 2022.
Los mexicanos cobraban $314 millones, $84 millones menos que los $398 millones de Van der Laat y Jiménez S. A., pero la Gerencia Financiera asegura que existen fondos para cubrir la diferencia (¢37.632 millones) con las ganancias obtenidas por las inversiones del dinero reservado para el hospital. Además, la misma constructora mexicana admitió que la revaluación del colón en los últimos tres años afectaba el proyecto, lo que podría implicar que su oferta no era sostenible.
Si el gobierno y sus tres representantes en la Junta Directiva insisten en reiniciar la licitación, el proceso tomaría al menos dos años más: uno para recibir ofertas y otro para adjudicar. Si, además, se cambia el terreno, la espera podría extenderse una década, según estimaciones de la Cámara Costarricense de la Construcción presentadas a la comisión de diputados de Cartago el 28 de octubre de 2024. A eso habría que sumar que la construcción tomaría al menos dos años. Ya 13 años de retraso son una afrenta a la salud pública; seguir postergando la construcción es funesto.
'La Nación' y sus periodistas han documentado las condiciones en que labora el personal médico y el calvario de los pacientes. La Defensoría de los Habitantes advirtió desde julio de 2023 que el edificio no da más: el Servicio de Emergencias apenas tiene 300 metros cuadrados, con capacidad real para 28 pacientes en observación, pero regularmente lo ocupan entre 70 y 90. A esto se suman problemas de iluminación, ventilación y contaminación sónica, que deterioran las condiciones ambientales para pacientes y trabajadores.
Antes de amenazar con presentar un plan de ley para sacar de la Junta Directiva de la CCSS a los miembros de la Uccaep, o insultarlos por destrabar el proyecto, el presidente Chaves debe caer en cuenta de que sus argumentos sobre supuestos problemas en el terreno adquirido han sido totalmente descalificados por estudios de la propia CCSS, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Incluso, el Colegio de Geólogos concluyó que “no hay evidencia” de una posible ruptura del sistema de fallas geológicas de Aguacaliente. De todas formas, el hospital se construiría apegado al Código Sísmico.
Los estudios técnicos son contundentes, por lo cual la obra debe continuar sin más trabas. Cualquier demora adicional solo encarece más la obra, como quedó demostrado en los presupuestos que se hicieron en 2021 y se actualizaron en 2023.
Es imprescindible que los tres representantes de la Uccaep y los tres del sector laboral que también acuerpan continuar con la licitación se mantengan firmes y vigilantes en la defensa del interés de los asegurados. La construcción del nuevo hospital no admite más excusas ni retrasos porque la salud de miles de ciudadanos es más importante.
