EscucharLa pandemia elevó a 523 días el promedio del tiempo de espera por intervenciones quirúrgicas en una docena de especialidades. El dato es alarmante, pero también lo era el promedio de 457 días antes de la emergencia sanitaria causada por la covid-19. La pandemia agravó una situación de todas formas inaceptable porque, según los parámetros reconocidos, la espera no debería sobrepasar tres meses.
El significativo aumento atribuible a la emergencia podría servir de acicate para reconsiderar la creación de un segundo turno de atención en la Caja Costarricense de Seguro Social, como sugirió la comisión integrada para estudiar la crisis financiera de la institución durante el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla.
La consulta externa también sufre un fuerte rezago, así como los procedimientos de diagnóstico, pero la Caja ha dado marcha atrás en la tercerización de servicios con universidades y cooperativas, cuyas clínicas brindan servicios más eficientes y han manifestado interés en ampliar horarios de atención. Quizá la emergencia sirva para reconsiderar también esas políticas de «institucionalización», es decir, de agrandamiento de la Caja sin importar costos o satisfacción de los usuarios.
La institución prevé un difícil camino de regreso a la normalidad, con todas las limitaciones del estado habitual antes de la pandemia. Según Marny Ramos Rivas, directora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), adscrita a la Gerencia Médica, «la etapa de recuperación o de reconstrucción no va a ser ni fácil ni corta». Esa es razón de más para explorar soluciones más imaginativas.
Lograrlo no es fácil en una institución con tanto lastre. Las principales recomendaciones de la comisión de expertos nombrada hace una década no han sido ejecutadas. La institución adoptó las más fáciles, las menos polémicas y, en consecuencia, las de menor impacto. Así, dio la impresión de movimiento sin confrontar los grandes intereses organizados.
La comisión se atrevió a sugerir la apertura del segundo turno en medio de una grave crisis económica precisamente porque vio la oportunidad de hacerlo sin exigir demasiado a las finanzas de la Caja. El gasto en remuneraciones extraordinarias, guardias y disponibilidades podría aprovecharse para reducir las listas de espera y brindar mejor atención, dijeron los expertos, todos estrechamente vinculados con la institución y conocedores de sus posibilidades.
La medida daría trabajo a un considerable número de personas, pero afectaría los ingresos de quienes hoy cobran remuneraciones extraordinarias. También exigiría nuevos especialistas, competidores de los existentes y para colmo de males capaces de ejercer, también, en la medicina privada.
El segundo turno de atención implicaría una revolución en el sistema de salud y si se le acompaña de un programa de tercerización calibrado para reproducir los éxitos obtenidos hasta el momento con las cooperativas y universidades, la transformación sería mucho mayor para beneficio de los asegurados.
Contra las dos iniciativas se esgrimen razones débiles, entre ellas, el supuesto espectro de la «privatización», pero el principal aliado de la medicina privada es un sistema público ineficiente. Solo las personas más necesitadas aceptan con resignación una cita en ortopedia a 721 días de plazo. Quien pueda costearse la operación fuera de la seguridad social, no importa si implica asumir una pesada deuda o hipotecar la casa, lo hará. Es una injusticia, tanto como la resignación de quien no tiene casa para hipotecar.
