Somos el sétimo país mejor posicionado en un nuevo índice del Instituto Tecnológico de Massachusetts; sin embargo, al desgranar los resultados, se revelan grandes debilidades, que debemos subsanar
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El Instituto Tecnológico de Massachussetts, conocido como MIT, por sus siglas en inglés, acaba de lanzar un nuevo índice ambiental, centrado en los avances y compromisos de 76 «países líderes» hacia la meta de alcanzar un futuro con bajas emanaciones de carbono. Por las mediciones que realiza y por las observaciones que comparte, la publicación es un aporte relevante en los esfuerzos globales por combatir el cambio climático. Además, sus resultados son de particular importancia para Costa Rica. Ocupamos el sétimo mejor lugar de la lista y, junto con Nueva Zelanda, somos los únicos países no europeos ubicados entre los diez primeros.
El resultado, además de honroso, impulsará nuestra imagen internacional. Lo más importante no es la distinción en sí misma, sino que, producto de ella, y de los logros y trayectoria nacional en la materia, es probable que mejore la posibilidad de obtener mayor cooperación externa, desplegar un liderazgo más robusto y abrir nuevas oportunidades para el impulso de la economía verde. Sin embargo, al desgranar los componentes que desembocan en nuestra buena calificación general, se hacen evidentes una serie de debilidades que deben ser atendidas con seriedad y decisión. Una de ellas es particularmente seria.
Desde la zona norte de Cartago se pudo apreciar la capital. Foto: Rafael Pacheco (Imagen con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados)
Costa Rica obtuvo una «nota» global de 5,78, poco más de un punto por encima del 4,72 promedio. Islandia recibió la mejor: 6,45, y Catar, con 2,61, la peor. De este modo, nos ubicamos entre los 20 países con mayor progreso y compromiso para reducir sus huellas de carbono. El único otro latinoamericano que aparece en este grupo es Uruguay, en el lugar 20 y con puntaje de 5,38.
Para calcular el resultado promedio por país, los investigadores analizaron una serie de indicadores que agruparon en cinco pilares: 1) el total de emisiones de carbono y sus reducciones en la industria, el transporte y la agricultura; 2) la contribución de energías renovables a la matriz total y su grado de avance reciente; 3) la reforestación, construcciones «verdes», reciclaje y consumo de carne y productos lácteos; 4) la innovación tecnológica, los programas de financiamiento en energías limpias y la inversión en tecnología alimentaria; 5) el compromiso político y su reflejo en metas, agricultura sostenible y el uso de los estímulos para una «recuperación verde» tras la covid-19.
En este último pilar tenemos el sexto mejor desempeño, y como su peso en la nota final es del 40%, y cada uno de los cuatro restantes solo suma el 15%, el promedio total a nuestro favor se eleva considerablemente. Sin embargo, en el primer pilar, denominado «emisiones de carbono», nos hundimos en el lugar 57, y superamos solo a otros 19 países; en el cuarto, «innovación limpia», ocupamos el sitio 33 (Chile está en el tercero); en el tercero, «sociedad verde», el puesto 26 (el mejor de Latinoamérica); y en el segundo, «transición energética», el 21.
El estudio no analiza en detalle la situación de cada país, pero es un hecho que nuestro pésimo desempeño en emisiones se debe, esencialmente, a un caótico y dispendioso sistema de transportes, además de algunas actividades agrícolas e industriales que aún emiten altas cantidades de carbono. La debilidad en innovación refleja otro aspecto muy preocupante: un cierto estancamiento en la capacidad y disposición a desarrollar o aplicar nuevas tecnologías y procedimientos que limiten las emanaciones.
Si no avanzamos en los pilares donde nuestro desempeño exhibe serias debilidades, es muy probable que, a pesar de las buenas políticas y los ejemplares compromisos, retrocedamos o nos estanquemos en materia ambiental, con todo lo que ello implica. He aquí un enorme reto. Superarlo dependerá, sobre todo, de nuestras autoridades y decisores políticos, pero también del aporte de las empresas privadas, la academia, el sector financiero y la sociedad en general.
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