Editorial: Parálisis por imprevisión

El país ha esperado 40 años la carretera, los constructores superaron los retos de ingeniería, las obras marchaban al ritmo del cronograma, la ciudadanía soportaba con paciencia el inevitable entorpecimiento del tránsito y el ministro Rodolfo Méndez acababa de manifestar su optimismo, pero el lunes el proyecto se estrelló con violencia contra el muro de la burocracia. Las obras quedaron paralizadas porque venció el contrato de supervisión suscrito con la Unops.

Los 4,1 kilómetros de vía, incluido el viaducto más largo del país, enlazarían La Uruca con la ruta 32, cerca del antiguo precario Triángulo de Solidaridad, para agilizar el tránsito de, cuando menos, 100.000 vehículos cada día. El quinto tramo cierra el anillo comunicando la ruta 32 con Calle Blancos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tenía esperanzas de contar, en estos días, con el aval de la Contraloría General de la República para hacer la contratación de esa última fase.

El acuerdo de supervisión venció el 27 de marzo. Costó $6,1 millones y prorrogarlo nueve meses costaría $1,3 millones más, para lo cual es necesaria la aprobación de la Contraloría General de la República. A nadie toma por sorpresa la expiración del contrato y la necesidad de ampliarlo. La frustración de las justas aspiraciones nacionales exige una explicación detallada de las razones del desacierto y el establecimiento de las responsabilidades del caso.

Según el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez, la Contraloría aún no responde a la solicitud de autorización de la prórroga, pero esta última cuenta una historia muy distinta. La gestión inicial fue recibida el 6 de enero y rechazada dos semanas después, el 21 de enero, por falta de contenido presupuestario para pagar al contratista.

El 4 de febrero el Conavi envió una nueva solicitud y la Contraloría pidió información adicional, incluida, de nuevo, la certeza de un contenido presupuestario suficiente para enfrentar el primer desembolso este año. Sin esos datos, la autorización de la prórroga no es posible. El ente contralor también expresó dudas sobre la vigencia del contrato actual.

Según la Contraloría, la suspensión de las obras fue una decisión unilateral del Conavi, y la Administración Pública será responsable de los daños y costos causados. También alega estar a tiempo para resolver de conformidad con los plazos fijados por ley. «La Administración conoce sobradamente los plazos establecidos en la legislación y los trámites que deben cumplirse en un Estado de derecho como el nuestro», afirma la Contraloría.

Todo apunta, una vez más, a la imprevisión, inexcusable en asuntos de tanta envergadura, pero siempre presente. La participación de la Unops en el desarrollo de obra pública está muy lejos de lo prometido cuando se anunció el establecimiento del organismo en el país; sin embargo, en este caso, su papel se limita a labores de supervisor. La Contraloría, por su parte, ha respondido a cada paso las gestiones del Conavi y está dentro de los plazos previstos para resolver. Sus exigencias son razonables y propias de sus funciones. El contratista de la obra cumplió cabalmente, no tiene responsabilidad alguna sobre el contrato de supervisión y más bien puede ser considerado víctima de la suspensión de los trabajos. Solo queda el Conavi, cuyo largo historial impide la sorpresa cuando se produce un nuevo traspié.

No obstante, la importancia de la obra exige a todos los participantes, sin importar su responsabilidad en el atraso, poner de su parte para agilizar la reanudación de las tareas. Cuarenta años son demasiados.