Escuchar“Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”, advirtió el presidente Rodrigo Chaves el miércoles, durante la conferencia de prensa celebrada para atacar al Ministerio Público, el Poder Judicial y a algunos magistrados por la detención de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuatro altos funcionarios de la entidad y tres exdirectivos.
“Yo y mi gabinete (sic) estamos dando la cara y vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted, compatriota? ¿No ve lo que está pasando? Yo estoy seguro que sí (sic), y ahí les dejo la bolita picando en el punto de penal”, agregó en compañía de todo el gabinete, citado especialmente al efecto.
¿Actuar en defensa de qué? ¿De la elevación de los funcionarios de su gobierno por encima de la ley? ¿De la abolición de la rendición de cuentas y la obligación de someterse a la autoridad judicial? ¿De la imposibilidad de examinar una contratación cuestionada? ¿Del fin de la independencia del Ministerio Público?
¿Y qué deben hacer los “compatriotas” destinatarios del mensaje con la bolita que dejó brincando en el punto de penal? ¿Por qué no da él, como capitán del equipo, la patada que pide dar a otros? ¿En qué consiste —fuera del sentido figurado— la patada a la bolita brincadora? ¿Cómo reconocerán la llegada del “momento” los “compatriotas” a quienes se dirige?
Una vez más, el mandatario pide a otros actuar primero, como cuando vaticinó el desbordamiento de “masas enardecidas” para defender la llamada ley jaguar y manifestó su intención de esperar a ver si llegaba el momento de ponerse al frente de ellas, o cuando habló de incendios en Limón. En cada caso, el derrotado fue el gobierno, no solo porque quedó solo, en espera de la indignación ajena, sino porque se aisló políticamente y hasta perdió la oportunidad de conformar un directorio legislativo.
Pero en uno y otro caso, el presidente invoca a masas imaginarias para defender su supuesto derecho y el de su administración a actuar sin estorbos ni controles. El “pueblo enardecido” que permaneció tranquilamente en sus casas debió manifestarse, en la imaginación presidencial, contra el rechazo a una ley que pretende echar por tierra los controles establecidos contra la corrupción y el favoritismo en los contratos del Estado. Ahora, debe patear la bola desde el punto de penal para impedir la investigación de una contratación cuestionada por la Auditoría de la Caja y con los elementos de prueba necesarios para convencer a un juez de emitir órdenes de allanamiento.
Si por la víspera se saca el día, el país puede esperar muchos otros llamados como los descritos. El Ministerio Público no podrá evitar dar seguimiento al caso del financiamiento irregular de la campaña política del mandatario, haciendo a un lado los controles del Tribunal Supremo de Elecciones, o el expediente sobre la emergencia ampliada, un año después, para contratar sin fiscalización la reparación del aeropuerto Daniel Oduber pese a las advertencias de técnicos de Aviación Civil sobre la falta de afectación de la pista por la tormenta Bonnie.
La bola estará en el punto de penal cuando la justicia examine los llamados "audios de la Presidencia" y las contrataciones ejecutadas lejos del escrutinio de los contralores nacionales, así como el caso de las visitas de representantes de la constructora mexicana Tradeco, interesada en la cesión del contrato de la vía Barranca-Limonal.
En todos esos casos y algunos otros hay legítimos motivos para el escrutinio del Ministerio Público. Pedir la intercesión de las masas enardecidas, los compatriotas o cualquier otra multitud hace pensar en el propósito de echarlos por delante para evitar la rendición de cuentas de quienes permanecen en la retaguardia mientras esperan, con los dedos cruzados, a ver si otros patean la bola.
