EscucharEl Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda puso freno a la pesca de arrastre practicada en el marco de un estudio promovido por el gobierno para reactivar la extracción del camarón. La resolución acoge una medida cautelar solicitada por la Fundación MarViva, cuyos personeros cuestionaron la iniciativa gubernamental desde el primer momento.
El Tribunal se convenció del peligro inminente y de difícil reparación planteado por el estudio para los ecosistemas marinos. Según los demandantes, la investigación presenta irregularidades y falencias contrarias a las disposiciones de la Sala Constitucional que, en el 2013, puso fin a la pesca de arrastre mientras no haya estudios para asegurar la explotación responsable del recurso.
Los magistrados ordenaron “no otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, ni renovar los vencidos, ni tampoco reactivar los inactivos” mientras no exista una ley respaldada por estudios científicos, aptos para garantizar prácticas de pesca sostenible. Ese fundamento científico no será fácil. La actividad daña el fondo marino y, una vez recuperadas las redes, el producto es un 95 % de “fauna de acompañamiento” o “pesca incidental” y solo el 5 %, camarón.
En el 2020, la Asamblea Legislativa se apoyó en pruebas de novedosas artes de pesca para votar una ley destinada a revivir la actividad. La captura incidental se reduce al 25 %, decían aquellos estudios, pero el dato siempre fue puesto en duda. En cualquier caso, una cuarta parte de “fauna de acompañamiento” no es poca cosa para la salud de los mares. La nueva ley exigió satisfacer las exigencias de la Sala Constitucional con nuevos análisis para demostrar la sostenibilidad de la práctica.
Esos estudios saldrían de la iniciativa anunciada por el gobierno en setiembre del 2022. Los opositores rápidamente señalaron falta de solidez técnica, vicios en la ejecución y una irreparable afectación al ambiente, contraria al derecho consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. Según su criterio, los estudios anunciados apenas enmascaran un retorno a la pesca de arrastre.
Esa impresión se vio reforzada cuando el Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se abstuvieron de ofrecer explicaciones cuando fueron solicitadas. Por otra parte, la comunidad científica del país fue marginada de la discusión.
El gobierno autorizó la participación de ocho naves en el estudio, una por familia con embarcaciones de arrastre, pero una reforma a la ley de pesca, aprobada en marzo del 2022, les permite comercializar el producto capturado. En la práctica, la comercialización del camarón pescado con técnica de arrastre fue autorizada durante dos años con el argumento de un estudio cuestionado por científicos de los principales centros de investigación universitaria.
Esa es la actividad objeto de la medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. El estudio, dice Jorge Arturo Jiménez Ramón, director de MarViva, está predefinido para demostrar la sostenibilidad de la pesca de arrastre. Ahora, será objeto de cuidadoso escrutinio en un proceso judicial donde toda la información necesaria estará al alcance del juez y las partes.
La defensa de la actividad se centra más en las necesidades de desarrollo y empleo de Puntarenas que en razones ambientales. Pero el argumento no lo comparten los pescadores artesanales, quienes protestan por el daño del arrastre a su fuente de ingresos. La técnica también tiene críticos en el sector del turismo. La provincia está urgida de mayor actividad económica, pero sus carencias preceden a la prohibición de la pesca de arrastre y esa actividad difícilmente las resolverá, sobre todo si hay rendimientos decrecientes producto de la explotación desordenada del mar.
