El país no parece haber cobrado conciencia del retroceso promovido en la Caja Costarricense de Seguro Social por fuerzas empeñadas en eliminar la tercerización de servicios. Ya la institución retomó el control de la atención primaria ofrecida con éxito a unas 200.000 personas en Montes de Oca, Curridabat y La Unión por la Universidad de Iberoamerica (Unibe). Ahora, las cooperativas contratadas para brindar el servicio a más de medio millón de asegurados en San Pablo de Heredia, Barva, Escazú, Santa Ana, San Francisco de Dos Ríos, Desamparados, Pavas y Tibás no ocultan su nerviosismo por la proximidad de las fechas de expiración de sus contratos y la tardanza de la nueva licitación.
La motivación es estrictamente ideológica. Los servicios contratados con terceros son significativamente más baratos, según estudios de auditoría de la propia institución, y recibieron altas calificaciones (superiores a 90) en el Informe de Resultados de Evaluación de Prestación de Servicios de Salud de la Caja.
Un estudio de costos del 2015 calcula en 50% la diferencia entre los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) administrados por terceros y servicios similares prestados por la institución. Los datos no se han actualizado, pero nada apunta a un dramático aumento de la eficiencia institucional para emparejar los costos.
El argumento esgrimido para dar marcha atrás a la contratación de servicios, inaugurada hace 30 años, es que si la institución puede ofrecer la atención, debe hacerlo por su cuenta. La Caja siempre podrá atender los Ébais hoy administrados por terceros y cuantos se creen en el futuro. Sus recursos son “infinitos” y, si escasean, todo se resuelve con el empobrecimiento de los servicios.
Por eso la pregunta no es si la institución puede brindar la atención confiada hasta ahora a los Ebáis tercerizados. La pregunta es si puede hacerlo con el mismo costo y eficacia. Para saberlo no es necesario cancelar contratos y ver cómo se desempeña la Caja en los mismos lugares. Es perfectamente posible actualizar el estudio del 2015 para comparar la prestación directa de servicios con la contratación de terceros en sitios similares. Si las conclusiones del primer análisis se confirman, la consecuencia racional sería ampliar el programa de tercerización.
La oferta de servicios de calidad y más baratos conviene a la institución y a los asegurados. La conveniencia de los empleados de la Caja y de sus sindicatos no debe sobreponerse a ese interés superior. Las instituciones públicas son para servir al país, no a sus funcionarios, pero en algún momento lo olvidamos.
Mientras las recomendaciones de la comisión nombrada hace nueve años por la presidenta Laura Chinchilla para examinar la crisis de la CCSS caen en el olvido, las cooperativas aplican varias de ellas y están ansiosas de poner otras en práctica. Aseguran estar en capacidad de ampliar sus servicios para ofrecer un segundo turno de atención, con procedimientos y diagnósticos más rápidos. Como es obvio, tienen bajo control el exorbitante gasto en remuneraciones extraordinarias y pretenden aprovechar mejor las instalaciones sanitarias.
Por ejemplo, Coopesiba, encargada de San Pablo de Heredia, funciona en un edificio que se desaprovecha a partir de las 4 p. m. porque el contrato con la CCSS obliga a cerrar los consultorios y solo autoriza a mantener el servicio de Odontología hasta las 10 p. m., entre semana, y de 7 a. m. a 6 p. m. los sábados.
La Asamblea Legislativa, como lo sugerimos en otra oportunidad, debe prestar atención a los acontecimientos en la Junta Directiva de la Caja. La autonomía de la institución no es tanta como para impedir a la sociedad exigir cuentas sobre la racionalidad de sus decisiones.
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