EscucharSi las negociaciones entre el gobierno y las fracciones de oposición prosperan, el país renunciará a cobijar el 40 % del gasto público bajo la regla fiscal creada para imponer un tope al aumento de las erogaciones, según el nivel de la deuda y el crecimiento de la economía. El equilibrio creado por la norma permitió recuperar la credibilidad en la comunidad internacional y obtener mejores condiciones de financiamiento, pero los límites han encontrado resistencia en los sectores afectados.
Hay instituciones donde los rigores de la norma entorpecen el desempeño de labores importantes, lo cual podría ameritar enmiendas, pero el proyecto de ley impulsado por el gobierno implica una ruptura más general. Además de excluir a varias instituciones, la iniciativa deja por fuera el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda, y libera recursos para incrementar el gasto.
El presidente, Rodrigo Chaves, justificó su renuncia al cargo de ministro de Hacienda de la administración de Carlos Alvarado porque el mandatario no vetó la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal. “Es un precedente muy malo que luego de que el país estuvo paralizado tres meses en el 2018, a raíz de la necesidad de adoptar una regla fiscal que diera responsabilidad, de un momento a otro se haya abierto un portillo a un grupo de las entidades que estaban sujetas a esa regla”, afirmó en aquel momento.
Por eso sorprende el empeño de su gobierno para debilitar el mecanismo en un grado muy superior al de la reforma aprobada para favorecer a las municipalidades en el 2020, con la pandemia por excusa. La renuncia en protesta por la actitud de Alvarado dejó la impresión de un compromiso mucho mayor del ministro de Hacienda dimitente con la regla fiscal. La reforma impulsada por el Ejecutivo se suma a un decreto emitido por Chaves para modificar el método de cálculo de cumplimiento con el fin de expandir el gasto.
Un gran número de diputados se inclina por atender la solicitud del Ejecutivo, pese a las claras advertencias de la Contraloría General de la República y el evidente desacuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto de ley, dice la Contraloría, desvirtúa la regla fiscal y, en el presupuesto del 2023, habría significado un aumento del gasto corriente en ¢140.000 millones. En esas circunstancias, el control de la deuda pública volvería a ser difícil.
El país hizo grandes sacrificios para retomar la senda del equilibrio fiscal, incluidos los tres meses de parálisis del 2018 citados por el dimitente ministro de Hacienda. La Contraloría advierte sobre la inconveniencia de debilitar las medidas antes de cosechar sus frutos a plenitud y, especialmente, en vista de los riesgos que enfrenta la economía mundial, cuya perspectiva es anémica, según el FMI, que acaba de revisar la proyección de crecimiento en el 2023 al 2,8 %, y a apenas un 3 % en los próximos cinco años. Es el nivel más bajo en décadas.
La reforma bajo examen legislativo también complica la verificación del cumplimiento y reduce la transparencia, dice la Contraloría. En eso coincide con el FMI, que señaló la tentación de aplicar una “contabilidad creativa” a los gastos de capital para evitar la aplicación de la regla.
Además, el proyecto disminuye la cobertura institucional sin incorporar sanas prácticas de Hacienda pública, eliminando causales de aplicación de la regla fiscal a las instituciones, como en el caso de los rescates financieros mediante presupuestos extraordinarios o grados de endeudamiento institucionales superiores al valor total de los activos. Esas circunstancias “generan el riesgo fiscal de que estas instituciones se conviertan en pasivos contingentes para el Gobierno”.
La nueva ley también debilitaría la base jurídica, la credibilidad y el propósito del mecanismo aprobado en el 2018. En cinco años, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dio pie a siete reglamentos distintos, 14 leyes de exclusión y hay otros 22 proyectos de modificación en trámite, señaló la Contraloría. La entidad también muestra preocupación por la modificación de parámetros que podrían comprometer el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Constitución y la atención de servicios públicos.
Las razones de la Contraloría son poderosas y su llamado a la prudencia viene acompañado de los señalamientos del FMI, también opuesto al proyecto de ley. Los diputados están frente a una grave responsabilidad que sus predecesores supieron enfrentar. Ojalá atiendan las advertencias.
