EscucharEl artículo 12 de la Constitución Política abolió el ejército, pero fue mucho más allá para garantizar el carácter civilista y democrático de la sociedad. Dispuso la creación de las fuerzas de policía necesarias para mantener el orden, pero enfatizó su subordinación al poder civil y les prohibió deliberar o hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.
Quienes porten armas y ostenten autoridad sobre las fuerzas del orden en nombre de la sociedad costarricense deben, por ese mismo hecho, abstenerse de incursionar en el debate político, con más razón cuando sus expresiones constituyan presión sobre otros poderes de la República, entre los cuales el Legislativo tiene primacía.
Por eso, sorprende y repugna ver la coreografía de jefes policiales, con el ministro de Seguridad Mario Zamora a la cabeza, hostigando a la Asamblea Legislativa y exigiendo a los diputados respeto para su uniforme. Olvidaron que al asumir sus cargos no juraron respeto al uniforme, sino a la Constitución y las leyes.
Si los diputados hubieran irrespetado su uniforme, a los jefes policiales les habría correspondido guardar disciplinado silencio para no irrespetar su juramento y el texto constitucional. Pero un debate legislativo sobre seguridad ciudadana no puede ser entendido como falta de respeto hacia la policía y sus funciones. Los legisladores deben estar en libertad de discutir abierta y libremente, sin presiones, asuntos de política pública de toda naturaleza.
Las tomas de video y los bien concatenados mensajes de los jefes policiales no dejan duda de un guion cuidadosamente preparado. Para cerrar, después de que el ministro exclama “¡Diputados!”, el coro de jefes policiales se le une para gritar, al unísono, “¡Respeten nuestro uniforme!”. La orquestación, resulta obvio, no es para defender el uniforme, sino la gestión del gobierno, cuyas incumplidas promesas de seguridad son de dominio público.
La responsabilidad por los fracasos no es de la policía, a la cual todos debemos reconocimiento por su labor. Recae, más bien, sobre sus jerarcas políticos, que ahora distorsionan retazos de un debate legislativo para encubrir sus deficiencias, utilizando a los jefes policiales como frente y escudo. “Ellos quieren darles un importante mensaje”, dice Zamora al comienzo del video, como si el mensaje no fuera de quienes lo orquestaron.
Costa Rica es hoy un importante centro de trasbordo de cocaína y, pese al notorio aumento de la producción en Suramérica, los decomisos en nuestro territorio vienen en descenso. El año pasado se estableció la marca histórica de homicidios, la mayor parte de ellos producto del narcotráfico, y este año, cuando menos, el número será parecido.
El respeto a los cuerpos policiales comienza por asegurarles lo necesario para desempeñar sus labores. Hay mucho de ironía cuando el jefe de la Policía de Tránsito habla de los peligros enfrentados por agentes que, hace poco, organizaron una protesta porque deben patrullar a pie, solos y sin radios para pedir respaldo en caso de una emergencia. Irónico es también escuchar la queja del jefe de la Policía Penitenciaria mientras el presupuesto del Ministerio de Justicia carece de ¢10.000 millones para comida, agua y electricidad, entre otras necesidades, y los quieren poner a cuidar carpas.
Ni que decir de la Fuerza Pública, con el 61 % de sus vehículos y el 39 % de sus patrullas fuera de servicio, además de las lamentables condiciones de la infraestructura desde donde opera y la renuncia a contratar más oficiales. Y el director de Vigilancia Aérea que niega disponer de solo un avión porque Estados Unidos presta tres helicópteros y, al parecer, según su dicho, ya lograron poner otro avión en funcionamiento.
Pero ninguna de las carencias descritas es tan grave como la falta de respeto a la Constitución. Es imposible pasarla por alto y la conducción política del Ministerio debe responder por ella.
