EscucharPor una parte, el ministro de Educación Édgar Mora justificó el adoctrinamiento ideológico en Estudios Sociales por la necesidad de promover una amplia discusión sobre la historia. Por otra, anunció su decisión de no referirse más al tema. Mientras tanto, su despacho acató las instrucciones del presidente Carlos Alvarado para corregir los materiales sesgados ofrecidos a los alumnos de bachillerato.
Los textos no solo falsifican datos históricos para implantar en los alumnos la mentira de un país próspero y feliz hasta 1980, cuando supuestamente comenzó a deslizarse por la pendiente de la pobreza. También faltan a la más elemental lógica y ni siquiera logran fidelidad a normas básicas de redacción.
Sobre esas bases no puede haber una discusión amplia y ni siquiera un proceso digno de llamarse educativo. Es adoctrinamiento y, por su esencia, es contrario a la amplitud o al desarrollo del pensamiento crítico. Sobre eso se ha escrito bastante, pero hay otras aristas del episodio dignas de comentario.
El ministro, supuesto defensor de la discusión más amplia posible, abandonó el debate 24 horas después de iniciado, sin admitir ningún error. Alguno debe haber visto porque los textos desaparecieron de la página electrónica del Ministerio y sus funcionarios están, afortunadamente, dedicados a revisar con esmero los próximos exámenes de bachillerato.
Mora anunció su decisión de no referirse más al tema y remitió las consultas a sus subalternos. A la fecha, ni siquiera se ha referido a las críticas formuladas contra el material. No sabemos si el ministro cree que la pobreza ha aumentado desde la supuesta inauguración, en 1980, del “modelo exportador” y el fin del “Estado Gestor”. Solo podemos inferir, por las acciones desplegadas en los últimos días, que no suscribe la tesis, pero cabe la duda, porque los cambios se dieron a partir de una instrucción del presidente y nadie ha explicado por qué el ministro consideró, en un primer momento, que la evidente falsedad es un extremo válido de la discusión histórica.
La amplitud paradójicamente invocada para defender los textos de adoctrinamiento no se manifestó en el debate posterior, pero hay otras conductas del Ministerio igualmente reñidas con la discusión “más amplia posible”. El viernes 27 de julio, Silvia Artavia, periodista de La Nación, solicitó las pruebas de bachillerato aplicadas desde el 2006. Su propósito era contrastarlas con declaraciones del exministro de Educación Leonardo Garnier sobre la existencia, desde hace años, de sesgos ideológicos en los materiales educativos. La información solicitada es pública y está al alcance de los funcionarios a quienes se les pidió.
A nuestra periodista se le informó de la imposibilidad de complacer su solicitud por razones reñidas con toda lógica y con las promesas de transparencia de la administración Alvarado. Cuando ripostó que el funcionario en cuyo poder estaban los documentos había manifestado anuencia a dárselos si recibía autorización, los materiales le fueron entregados.
Fracasada la primera maniobra habitual de nuestra opaca administración pública, el Ministerio puso en práctica otro recurso frecuente: publicar antes. Los materiales que el viernes no podían ser entregados a una periodista sin autorizaciones y otros obstáculos burocráticos, el sábado aparecieron en el Facebook del Ministerio para que los contemplara quien lo tuviera a bien.
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En la jerga, la maniobra se denomina “quemar” la noticia. Pocas veces surte efectos, pero los funcionarios nunca aprenden. Se les olvida, también, que el buen periodismo se fortalece, como los salmones, cuando se ve obligado a nadar contra corriente. Negarle una información de interés público es como rogarle redoblar esfuerzos para obtenerla, y “quemarle” la noticia es un bienvenido estímulo para el enfoque novedoso y creativo, solo constreñido por el respeto a la verdad.
