El endeudamiento del sector público, en particular del Gobierno Central, donde reside el mayor problema, requiere análisis desde varios ángulos, con el propósito de no introducir ruido en el mercado y facilitar el servicio de la deuda en el tiempo. Una arista tiene que ver con la composición de la deuda según sus plazos —corto, mediano y largo— para evitar las vendimias de vencimientos que atizan el riesgo de refinanciamiento. En este aspecto, el portafolio de deuda del Gobierno Central no presenta problemas, pues está razonablemente bien distribuido en el tiempo.
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El otro factor importante es la magnitud del nuevo endeudamiento requerido a corto plazo y la forma como el gobierno se propone conseguirlo, si colocando bonos en el mercado interno o si espera obtener préstamos externos. Para el año próximo, por ejemplo, las autoridades estiman necesario colocar deuda equivalente al 15 % de la producción nacional (PIB). Es un monto relativamente elevado y podría requerir un aumento en la tasa de interés de los títulos de deuda. Además, el éxito de la colocación exige confianza del mercado en la solidez de las finanzas públicas, pues, de existir duda, demandaría tasas más elevadas. La experiencia de Argentina es un triste ejemplo.
Otro ángulo, relacionado con los anteriores, es la carga de intereses a pagar en el futuro con cargo al presupuesto nacional. Como se trata de obligaciones con vencimientos que pueden sobrepasar cinco años, es necesario proyectar la deuda y su relación con el tamaño de la economía. El endeudamiento del Gobierno Central al término de este año podría ubicarse en un 70 % del PIB, en parte por la merma de ingresos debido a la pandemia de la covid-19, pero también porque la deuda era alta al inicio de este año.
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El endeudamiento público varía directamente con el déficit primario del gobierno (faltante antes de intereses) y con la tasa de interés que opere sobre la deuda. Corresponde a las autoridades controlar una y otra variable. Pero, como es obvio, el endeudamiento varía en razón inversa a la tasa de crecimiento real de la economía: si todo lo demás se mantiene igual, cuanto mayor el crecimiento real (ajustado por inflación) de la economía, menos será el endeudamiento.
Sin embargo, todas esas variables muestran signos adversos en la actualidad. El déficit es elevado, el costo del endeudamiento relativamente alto y la economía no crece. Por el contrario, este año decrecerá. No es improbable que para el fin del año próximo el endeudamiento se ubique en el equivalente al 80 % del PIB, lo que haría sumamente difícil encontrar compradores para los bonos y otros títulos de deuda, salvo que se esté dispuesto a reconocer tasas elevadas de interés. En ese caso, la carga de intereses consumiría porciones cada vez más grandes del presupuesto nacional y eso restaría eficacia a la labor del Estado.
El endeudamiento público debe ser analizado con una perspectiva de cuando menos cinco años. Antes de endeudarse, es preciso tener claras las consecuencias a corto y a mediano plazo. La otra lección es que las medidas de política pública deben estimular el crecimiento económico. Pero también es necesario controlar eficaz y valientemente el gasto público y recortar gasto corriente en las partidas no relacionadas con la atención de la pandemia. El país no puede darse el lujo de que el gobierno continúe gastando al ritmo del pasado, como si no hubiera tenido lugar la covid-19, un evento adverso y de enormes consecuencias.
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