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Si Alajuelita tuviera un plan regulador y sus disposiciones se cumplieran, el asentamiento Nuevo Amanecer no se habría construido en una ladera inestable. Lo mismo habría ocurrido si los permisos de construcción se concedieran con el rigor necesario y sujetos a minuciosas inspecciones. Pero en la zona no existe ni lo uno ni lo otro, y el barrio creció informalmente, durante años, hasta el viernes, cuando un deslizamiento de tierra causado por las lluvias de días recientes dañó nueve casas y afectó a 41 personas. Más de la mitad de los damnificados necesitaron albergue en el salón comunal de Tejarcillos.
Deslizamientos e inundaciones son difíciles de predecir. En ocasiones, la tierra se va falseando con el tiempo, como sucedió en la urbanización Valladolid, en Desamparados, donde la tormenta tropical Nate comenzó, en octubre del 2017, el proceso de desprendimiento cuyas consecuencias se hicieron sentir al año siguiente y todavía no cesan. El año pasado 38 viviendas se deslizaron por la pendiente y quedan muchas en riesgo de correr la misma suerte.
Pero las dificultades para predecir los fenómenos concretos no se trasladan a las previsiones de alcance general. Las manifestaciones extremas del clima serán cada vez más frecuentes en Costa Rica como en el resto del mundo a consecuencia del calentamiento del planeta. Centroamérica está entre las regiones más afectadas por el cambio climático y la comunidad científica pronostica una intensificación de sus efectos en los próximos años.
Tampoco es difícil prever catástrofes recurrentes si el país mantiene su impulso de crecimiento desordenado. Solo 40 de los 82 cantones, sin contar el recién creado Monteverde, tienen plan regulador, y la mitad de ellos no han sido objeto de actualización desde su adopción en el siglo pasado. En algunos, como Alajuelita, el proceso está avanzado pero en 15 ni siquiera se ha dado el primer paso, dice el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Los planes reguladores son indispensables; no obstante, la prevención de desastres exige voluntad de aplicar la ley y combatir la construcción ilícita. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) insiste, desde el 2015, en señalar el grave incumplimiento de las normas básicas en todo el territorio. En el primer semestre del 2020, el 39 % de 1.262 proyectos revisados en 51 cantones carecían de permisos municipales. Las cifran apenas oscilan ligeramente desde el primer informe.
Las edificaciones informales plantean riesgos estructurales y peligros eléctricos, pero su ubicación en zonas inadecuadas por la inestabilidad del terreno, proximidad de ríos y otros factores de riesgo constituyen la principal causa de daños humanos y materiales. En el 2020, el CFIA halló 68.243 metros cuadrados de construcción ilícita, la mayor parte viviendas, pero también hay locales comerciales.
La evasión de los controles no es siempre consecuencia del ánimo de defraudar. Como en otros sectores afectados por la informalidad, en la construcción existe tramitomanía suficiente para alejar a quienes en otras circunstancias se apegarían a la ley. La simplificación y el abaratamiento de trámites es clave. También el incremento del riesgo de ser sorprendido al margen de la ley y sufrir las consecuencias. La inspección y clausura de obras ilícitas es indispensable para hacer respetar la zonificación, las normas y los requisitos.
Un estudio reciente de la Academia Nacional de Ciencias señala los peligros del crecimiento urbano sin planificación en un país con las condiciones geográficas, geológicas y climáticas de Costa Rica. La organización pidió mejorar la gestión del paisaje rural y ordenar el espacio urbano contra la amenaza de ciclones, frentes fríos, sistemas de baja presión, ondas tropicales y otros fenómenos recurrentes y frecuentes. El consejo es inobjetable y el tiempo es corto.
