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La discusión sobre seguridad ciudadana debe trascender los intentos de desplazar la responsabilidad hacia otros y concentrarse en devolver al país la tranquilidad. Un informe de la Contraloría General de la República puso el acento en dos aspectos fundamentales, cuya ausencia es tan obvia como su carácter indispensable. Por un lado, se echa de menos una política de Estado, ejecutada a lo largo del tiempo sin alteraciones nacidas del vaivén de la política. Por otro, es indispensable lograr la coordinación de las fuerzas policiales.
No son ideas novedosas, pero tampoco salen de la lista de asuntos pendientes. Es más fácil desplazar la responsabilidad sobre otras administraciones e instituciones. La Contraloría no reprocha la inacción del gobierno actual, sino también de las dos administraciones anteriores. El estudio abarca los últimos nueve años de gestión ineficaz. Esa visión de mayor plazo es coherente con la argumentación a favor de una política de Estado, independiente de los ciclos políticos.
El diseño de semejante política exige consultas con diversos sectores y la participación de todas las instituciones directamente involucradas en el combate contra la delincuencia, comenzando por los cuerpos policiales, sin dejar de lado las entidades encargadas de mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables, donde el narcotráfico y la delincuencia tienen sus canteras de reclutamiento.
El resultado debe ser una política capaz de marcar el rumbo de entidades tan disímiles como el Ministerio de Educación —responsable de mantener a los jóvenes en las aulas—; el de Relaciones Exteriores, encargado de procurar la cooperación internacional; y el de Justicia, dedicado a la administración penitenciaria. La Contraloría aboga, como lo han hecho otras voces autorizadas, por una visión nacional capaz de establecer líneas de acción a largo plazo, de conformidad con una estrategia sostenible en el tiempo.
Según la Contraloría, el estudio evidenció que las comunicaciones sobre roles y responsabilidades entre los actores son verbales y no están documentadas, especialmente del 8 de mayo al 30 de setiembre del 2022. En consecuencia, es imposible identificar duplicidades y vacíos. Las primeras son costosas y contribuyen a la ineficacia. Los segundos crean oportunidades para la delincuencia.
El elemento prioritario es la coordinación entre fuerzas policiales. Ningún experto la considera suficiente y los jerarcas de todas las dependencias suelen admitir las deficiencias. Los celos profesionales, la desconfianza o las dinámicas institucionales establecidas hace años y subsistentes por inercia no deben ser obstáculo para aprovechar los recursos y oportunidades.
Mientras no exista la política descrita, las recriminaciones entre instituciones y gobiernos solo servirán de distractores. Ya lo dijo la Contraloría: en los últimos nueve años nadie hizo lo necesario para dar coherencia a los esfuerzos a favor de la seguridad ciudadana. El estudio también señaló con claridad a quien corresponde orquestar la respuesta frente a un fenómeno cada vez más preocupante.
La seguridad se considera, al mismo tiempo, un derecho individual y un bien público. Por eso, el Estado tiene el deber de proveerla y garantizarla, “bajo la responsabilidad directa del presidente de la República y el ministro rector”. A ellos corresponde encabezar la tarea y, ojalá, legar a futuras administraciones un conjunto de lineamientos para seguirlos y perfeccionarlos en lugar de hacer, cada cuatro años, borrón y cuenta nueva.
