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La estabilidad económica del país no tiene importancia. Tampoco el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional negociado por la administración del Partido Acción Ciudadana y votado favorablemente por la diputada y precandidata de esa agrupación Carolina Hidalgo, cuya presidencia de la Asamblea Legislativa contribuyó a salvar al país de un barranco con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ahora, la prioridad de la legisladora es la cláusula de conciencia.
Hidalgo cree en la ley de empleo público tanto como para darle su voto, pese a la cláusula de conciencia, con la esperanza de una declaratoria de inconstitucionalidad de esa disposición. Como no sucedió, negará el voto al proyecto cuando sea devuelto al plenario por la Comisión Permanente Especial sobre Consultas de Constitucionalidad.
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Los objetivos de equidad y racionalidad del empleo público, las economías fiscales y todas las buenas razones esgrimidas para apoyar la ley se desvanecen, según criterio de la precandidata presidencial, si un empleado público tiene derecho a rehusar participar en actividades o servicios contrarios a sus convicciones.
La ley no elimina la obligación estatal de proveer esos servicios, solo exime al funcionario de prestarlos si se contraponen a sus valores. Quienes los requieran tienen derecho a exigirlos y los obtendrán. Nadie será privado del derecho al matrimonio igualitario, para citar el ejemplo más esgrimido, pero ningún funcionario en particular podrá ser obligado a celebrar el enlace. Sin embargo, la legisladora, no obstante la declaratoria de constitucionalidad de la cláusula de conciencia, dice preferir las terribles consecuencias económicas y sociales de rechazar la ley.
La precandidatura parece haber marcado límite al sentido de la responsabilidad antes exhibido por la legisladora. Hidalgo entra de lleno en el doble juego de otros aspirantes presidenciales. Toman distancia de la ley de empleo público, pero conocen su importancia y esperan verla aprobada, aunque no con su apoyo abierto. En este caso, la cláusula de conciencia ofrece una excusa para abandonar posiciones hasta ahora sostenidas como indispensables y, de paso, empatar con su principal rival, Welmer Ramos, con la diferencia de que este último nunca se contó entre los simpatizantes de la ley.
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Hidalgo, en cambio, fue una firme defensora de la iniciativa. El 19 de agosto del año pasado elogió al gobierno porque después del complejo proceso de la reforma fiscal «también presentó la reforma del empleo público para acabar de una vez por todas con todas las irregularidades, con todos los desórdenes que tenemos respecto del empleo público, salarios, pluses y otros beneficios».
Ahora, la diputada acepta los desórdenes salariales, pluses y otros beneficios, porque la iniciativa del gobierno, en el cual, según sus palabras, «no hay cobardía», incluye una norma compatible con la Constitución, pero no con sus necesidades de posicionamiento político. Si ha sido sincera hasta el momento, sabe que el fracaso de la reforma implica el fin del convenio con el Fondo Monetario Internacional y la caída del país en una crisis de profundas consecuencias.
La cláusula de conciencia, no obstante su legitimidad constitucional, pesa más que el desempleo, el hambre y el deterioro de los servicios públicos, según los recientes razonamientos de la diputada. Es un valor supremo, suficiente para incendiarlo todo y someter al país a los sacrificios reconocidos por ella y por el gobierno de su partido. Carolina Hidalgo demuestra que tipo de presidenta sería. Es preciso estar atentos, porque otros candidatos se empeñan en demostrar lo mismo y los votantes solo pueden ignorar las señales bajo grave riesgo.
