EscucharUn grupo de diputados del Frente Amplio (FA) y el Partido Liberación Nacional (PLN) pretendieron posponer por dos años la vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, para horror del Ministerio de Hacienda, cuyo titular, Nogui Acosta, comenzó por recordar la relevancia de la ley para alcanzar las metas de equilibrio fiscal negociadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La posposición pondría a Costa Rica en situación de incumplimiento y haría peligrar los próximos desembolsos del crédito de $1.778 millones convenido con el FMI. La violación del acuerdo mandaría el peor mensaje posible a los mercados internacionales y pondría fin a la lenta recuperación de la confianza en el país, manifiesta en la recalificación del riesgo, anunciada recientemente por Standard & Poor’s (S&P) de B a B+, con perspectiva estable.
Los resultados obtenidos gracias a la regla fiscal, los ingresos generados por la reforma tributaria del 2018 y los réditos esperados de la continuidad del programa de estabilización mediante la ley de empleo público llevaron también a BofA Securities, una división del Bank of America, a calificar al país de “ángel en ascenso”, con potencial para recuperar, en pocos años, el grado de inversión.
La relevancia de esas valoraciones, ahora que las tasas de interés alcanzan niveles insospechados en el momento de la reforma fiscal, es extraordinaria. “Esta mejora en la calificación crediticia (...) significa que hay un menor riesgo país, que los inversionistas pueden estar seguros de que hay buenas condiciones para sus actividades, que van a bajar las tasas de interés y que Costa Rica podrá colocar con mayor facilidad los eurobonos en el mercado internacional con buenas condiciones financieras”, dijo Acosta cuando supo de la decisión de S&P.
El grupo de diputados impulsores del proyecto para posponer la vigencia de la ley de empleo público estaba dispuesto a lanzar todo eso por la borda, y los desembolsos del FMI también. Pero no hay motivos para sorprenderse. La posición del Frente Amplio es consecuente con su política de larga data y, en el caso de los liberacionistas, puede decirse otro tanto, porque la iniciativa la encabezaban los “municipalistas”, una facción presente en el intento de posponer la vigencia de la nueva ley de contratación pública y, en el cuatrienio pasado, responsable de la exclusión de los gobiernos locales de la regla fiscal y, por poco, fracasada en el intento de excluirlas del sistema unificado de compras públicas.
El Ejecutivo hace bien en oponerse a la iniciativa, pero sus propias ambigüedades le restan autoridad. El cuestionado cambio de la metodología para verificar el cumplimiento de la regla fiscal, la iniciativa de ley para excluir del mecanismo los gastos de capital y el pago de intereses o el propósito de desvirtuar el salario global establecido por la ley de empleo público agregándole el salario escolar ponen en duda la sinceridad del gobierno.
La ley de empleo público entrará en vigor el 10 de marzo. La gestión del grupo de legisladores para exonerar de trámites la iniciativa de posposición exige mayoría calificada. El proyecto, casi muerto gracias a la intervención de la jefa de fracción liberacionista, Kattia Rivera, parecía ser una maniobra para congraciarse con los sectores opuestos a la ley y obligar a la administración a pagar un precio político, pero, aun en ese caso, inquieta la falta de responsabilidad fiscal de los proponentes.
Ni el gobierno ni los congresistas deben poner en duda ante la comunidad financiera internacional la voluntad de recuperar la estabilidad fiscal del país. Hacerlo cuesta dinero y arriesga el progreso logrado con muchos sacrificios después de asomarnos a un insondable precipicio.
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