El puente sobre el río Salitral, en la ruta 27, en Orotina, está en condición “alarmante”, según la clasificación utilizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme). Para calificar el estado de los puentes, la entidad técnica contempla las condiciones estructurales, la ruta y el tránsito al cual son sometidos.
En el puente sobre el Salitral, la estructura superior cubierta de concreto está agrietada y por ella se filtra agua capaz de oxidar las varillas de soporte. Al mismo tiempo, el concreto se va degradando y aparecen huecos. Sobre la cantidad de vehículos en la ruta y la importancia de la principal carretera hacia el puerto del Pacífico no hace falta ahondar. El puente es vital y su estado, indiscutiblemente alarmante.
La categoría está reservada para puentes con alto riesgo de colapso y cierre de la carretera. El puente sobre el río Ciruelas, en la misma ruta, apenas se salva de la categoría alarmante y se ubica entre los deficientes. Hay filtraciones de agua, deficiencias en la junta de expansión, deterioro de los bastiones, grietas y oxidación.
La estructura podría pasar rápidamente de “deficiente” a “alarmante” y, junto con el puente sobre el río Salitral, alcanzar la condición de “falla inminente”, es decir, con la estabilidad comprometida y peligro para los usuarios. Pensar en esos dos puentes, en una de las arterias esenciales del país, tanto más relevante por el deterioro de la vieja ruta de Cambronero, es alarmante sin lugar a dudas, pero en la vía hay otros ocho puentes “deficientes” y uno apenas “aceptable”, es decir, también necesitado de una pronta intervención.
La principal preocupación es por la integridad física de los usuarios, seguida por las implicaciones económicas del cierre de la vía, pero el costo de rehabilitar los puentes antes de llegar a situaciones extremas también es motivo de desvelo. Con el paso del tiempo, las reparaciones se encarecen.
A principios del año, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) atendió 18 de 63 puentes señalados por el Lanamme como estructuras en riesgo de “falla inminente”. Los otros 45 serían analizados individualmente para intervenirlos con “actividades de mantenimiento, o bien mediante obras paliativas que permitan reducir el riesgo para los usuarios”, informó el Conavi.
En aquel momento, el Consejo no había anunciado la suspensión de las labores de rehabilitación de pavimentos, conservación de puentes y atención de sistemas de evacuación pluvial (cunetas y alcantarillas), entre otras, debido al agotamiento del presupuesto destinado a mantenimiento. El anuncio, apenas comenzado el invierno, hace temer por el efecto de las lluvias en los próximos meses.
Las obras estarán suspendidas hasta enero, y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte solo reservó un pequeño porcentaje de los recursos para atender emergencias. Las autoridades del sector anunciaron gestiones ante el Ministerio de Hacienda para obtener financiamiento, pero el rechazo de la solicitud no tardó.
Un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $700 millones está en trámite en la Asamblea Legislativa, pero solo una parte se destinará a reparar los 500 puentes en mal estado. Es decir, la mayor parte de ellos seguirá en proceso de deterioro, como viene ocurriendo desde hace años.
La única solución es adoptar un sistema integral de gestión para dejar de dar ocasional prioridad a los casos más graves y ejecutar labores periódicas de conservación con el fin de minimizar costos. Ese objetivo exige financiamiento, y hallarlo requiere, a su vez, la valentía política necesaria para tomar decisiones que no siempre serán recibidas con aplausos.