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“Todos tenemos derecho a cometer un error”, decimos con insistencia cuando argumentamos a favor del perdón. La afirmación es verdadera, pero en ocasiones la gravedad de la falta exige que el perdón vaya de la mano del castigo y, ojalá, del arrepentimiento. Si la investigación del Ministerio de Educación Pública (MEP) confirma la denuncia de una madre afrodescendiente por manifestaciones racistas de una maestra de la Escuela Manuel Hidalgo Mora, en Aserrí, ni el perdón ni el arrepentimiento bastarían para aminorar las consecuencias.
El hecho denunciado es monstruoso. Durante el acto de bienvenida a estudiantes y padres de familia el 6 de febrero, la maestra habría afirmado: “Por favor, no traigan a sus hijos con rastas ni dreads. Aquí no estamos en Limón, es Aserrí, ni mucho menos traigan a sus hijas con un poco de cosas en el pelo”.
La hija de cinco años de la denunciante y una compañerita de escuela eran las dos únicas alumnas afrodescendientes en el mal llamado acto cívico. Nada tiene de civismo discriminar a toda una provincia, su población y, sobre todo, a dos niñas costarricenses con derecho a vivir donde sus familias decidan y a arreglarse el pelo como mejor les parezca.
La ofensa proferida contra las niñas es tan preocupante como el mensaje transmitido a sus compañeritos y a toda la comunidad escolar. Los niños van a la escuela para ser formados, no deformados, y la transmisión de semejantes prejuicios causa graves daños. Por otra parte, los maestros tienen la misión de formar, no de deformar, y quien sea capaz de cometer un acto como el denunciado no merece la confianza depositada por la sociedad en los educadores.
En manos de los maestros ponemos lo más preciado de nuestros hogares y el futuro del país. Ninguno debe conservar el cargo después de una demostración de insensibilidad e ignorancia como la comentada. El traslado de la docente mientras se llevan a cabo las investigaciones es un buen primer paso, pero el proceso debe ser rápido. Hay decenas de testigos para constatar lo sucedido, y quizá exista alguna grabación del acto en esta época de los celulares inteligentes. Si la denuncia se confirma, la sanción tampoco debe hacerse esperar.
La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, dijo haber conversado con la docente, quien atribuye los hechos a un malentendido y ofreció disculpas. Si sus palabras fueron las denunciadas, no es posible entenderlas mal. La madre ofendida, dice la ministra, exige una disculpa pública. Está en todo su derecho, pero si eso la satisface a ella, el Ministerio no debe darse por satisfecho. Lo sucedido debe ser sancionado con la mayor severidad.
“Ha sido uno de los episodios más duros que hemos sufrido. Cuando esa maestra dijo eso en el discurso, todas las mamás volvieron a verme. Mi hija se sintió muy acongojada. Tendrá cinco años, pero era consciente de que algo pasaba. Yo misma casi me pongo a llorar, pero aguanté para demostrarle valor y fuerza cuando se volvió para mirarme, sin entender nada”, relató la madre.
Apenas hace falta una gota de decencia para sentir indignación ante la imagen de la niña injustamente ridiculizada frente a toda la comunidad escolar. Es inevitable experimentar lo mismo cuando se piensa en el veneno esparcido entre los demás alumnos. La rápida sanción a la responsable no repara esos perjuicios. La escuela y el Ministerio de Educación están obligados a desarrollar un plan remedial, diseñado con sensibilidad e inteligencia.
El caso también debe llamar la atención de las autoridades sobre el racismo en la totalidad del sistema educativo. En ningún lugar debe tener cabida, pero, principalmente, es preciso combatirlo en el aula, donde esperamos la construcción de un futuro mejor.
