Editorial: Reajuste a pensiones gratuitas

El aumento se logró mediante la redistribución del dinero aportado a otros dos programas de privilegio: el Fondo de Capital de Retiro y al Fondo de Reserva Institucional de Préstamos, que pasaron a recibir el 1 % de la enorme planilla en lugar del 2 %. Los nuevos recursos pretenden alargar la vida del régimen de pensiones y financiar sus gastos administrativos, hasta ahora asumidos por el seguro de enfermedad y maternidad.

El sistema tiene 18.000 pensionados y 56.000 trabajadores con derecho a recibir el beneficio. Ninguno contribuye o contribuyó un solo céntimo. Por eso, es insostenible y la Caja se vio obligada a rebajar los beneficios de los futuros pensionados. El tope de pensión será el 7 % del salario promedio de los últimos 240 meses, con un máximo de ¢113.000 al mes. El ajuste es un gran avance en relación con el tope establecido hasta ahora. El sistema pagaba incluso el 15 % del salario de los últimos 12 meses, con un máximo de ¢325.000 al mes.

Claro está, no existe justificación para que la Caja obsequie esas sumas de por vida a sus trabajadores cuando se pensionan por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, como los demás ciudadanos. La única explicación son los políticos interesados en ganar la buena voluntad de sectores mediante una generosa distribución de los recursos del pueblo.

Christian Steinvorth, representante del sector privado en la Directiva, se pronunció a favor de eliminar el privilegio: «Claramente ha habido mala administración y abusos en este sistema. No sé cuántos años financió el seguro de salud los gastos administrativos del FRE, pues son aproximadamente $2 millones al año».

Pero lejos de hacer justicia a los asegurados, el plan inicial obligaba a la Caja a financiar el faltante anual del sistema, y si los estudios actuariales determinaban la existencia de un déficit la institución debía aportar los recursos para remediarlo. La propuesta fracasó cuando la Superintendencia de Pensiones (Supén) dirigió una carta al presidente ejecutivo, Román Macaya, para recordarle el límite del 3 % de la planilla establecido para la contribución al fondo de pensiones por la ley constitutiva de la Caja.

Para hacerse una idea del efecto de la frustrada propuesta, basta con recordar que el déficit actuarial es de ¢1 billón y con las medidas aprobadas apenas se reduce a ¢532.448 millones. Recibida la carta de la Supén, la Directiva ordenó a la gerencia general y a la gerencia financiera «corregir los errores contenidos en la propuesta».

Es difícil saber si en efecto se trataba de errores y no de una callada maniobra para conservar los privilegios del régimen. Con los cambios aprobados para aumentar los ingresos y limitar los gastos, los directivos creen posible prolongar la vida del FRE hasta el 2050, en vez de su agotamiento en el 2031, como se había previsto en el estudio actuarial que advirtió: «A la luz de los resultados obtenidos en los escenarios planteados se tiene que, bajo los beneficios y aportes establecidos en la reglamentación actual, el FRE no tiene solvencia actuarial».

El FRE no es el único régimen de pensiones regaladas. El Instituto Costarricense de Turismo también aporta el 5 % de la planilla a un sistema sin contribución de los beneficiarios y el Banco de Costa Rica deposita un 10 % a cambio de un diminuto 0,5 % del trabajador. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cotiza el 4,5 % de su nutrida planilla como contrapartida del 1 % del empleado y el Banco Nacional exige una cotización del 5,5 % a cambio de un aporte del 10 %.

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El sistema de privilegios permea todos los rincones del aparato estatal fuera del Gobierno Central. Mientras tanto, la misma Junta Directiva de la Caja promueve consultas sobre un nuevo reglamento para la afiliación de trabajadores independientes, a quienes arrancaría casi la quinta parte de sus ingresos, incluyendo los obtenidos por medios distintos del trabajo directo, como alquileres y otras inversiones.