EscucharUna trabajadora doméstica de jornada parcial difícilmente generará a la Caja Costarricense de Seguro Social cotizaciones suficientes para cubrir sus gastos de atención médica, aun considerando los aportes del patrono. Sin embargo, la institución debe proveer el servicio en cualquier caso, sea como indigente o como asegurada voluntaria, un recurso utilizado con frecuencia para evadir los altos costos del aseguramiento más común, nacido de la relación obrero-patronal.
Por años, la Caja dio la espalda a esa realidad e insistió en cobrar sobre la base de un salario mínimo presuntivo (¢279.000 en el caso de los últimos cobros con ese sistema), independientemente de que la trabajadora ganara la cuarta parte de esa suma de conformidad con el número de horas laboradas. Un patrono que pagara ¢100.000 por una jornada parcial siempre debía cotizar sobre ¢279.000, con lo cual el costo del seguro social llegaba a representar cerca del 70 % del salario.
El resultado no es de sorprenderse, era un bajísimo nivel de aseguramiento de las empleadas domésticas, sin que por ello la Caja dejara de hacer las erogaciones propias de atenderlas de una u otra forma. El 70 % de las 170.575 personas dedicadas a esa ocupación laboran jornadas parciales y el problema iba en camino de crecer con cada ajuste hecho a la renta presuntiva.
Para revertir la situación, la Caja puso los pies en la tierra y decidió permitir el aseguramiento por jornadas parciales. En pocos meses, 5.100 trabajadoras quedaron aseguradas y los trámites mensuales se incrementaron de 200 a casi 500. Para fin de año, se espera alcanzar el aseguramiento de unas 7.000 trabajadoras y la institución aspira a elevar el porcentaje de aseguradas del 11 % antes de la reforma al 40 % en el 2021.
La Caja las atiende como lo hacía antes. No recibe los ingresos ideales, pero sí muchos más de los que obtenía bajo el viejo sistema, prácticamente diseñado para estimular la evasión. Las trabajadoras inscritas en el nuevo régimen son aseguradas de pleno derecho y sus patronos pagan un monto más justo.
Una tendencia especialmente alentadora es el aumento de empleadas domésticas aseguradas por múltiples patronos. El trabajo en varios hogares es una característica del empleo doméstico y, en particular, de quienes ofrecen el servicio en jornadas parciales. Si todos los empleadores cumplieran con la obligación de asegurar a las trabajadoras de tiempo parcial, los resultados para la Caja serían muy significativos. Un esfuerzo adicional de inspección podría conseguir el doble propósito de estimular el aseguramiento de las empleadas todavía no inscritas en el sistema y la incorporación de los demás patronos de las trabajadoras ya aseguradas.
Por supuesto, la lección del episodio no es la ampliación de la cobertura mediante el abaratamiento de las cotizaciones, como ocurrió en su momento con los trabajadores independientes. La lección es la necesidad de reconocer la realidad y adaptar el cobro a sus circunstancias.
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Hace cinco años, datos de la Caja daban cuenta de que 334.777 trabajadores independientes declaraban ingresos, en promedio, de ¢179.000 mensuales. En esas filas había profesionales liberales, entre ellos médicos y abogados, por citar solo dos ejemplos. Apenas el 0,34 % del total admitían ingresos superiores a un millón mensual. Eso es un descaro, pero obligar a una empleada doméstica a cotizar por un cuarto de tiempo como si ganara ¢279.000 es un injusto absurdo, cuyas consecuencias solo podían ser las constadas por la Caja a lo largo de varios años.
