EscucharLa emboscada a dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Tirrases de Curridabat, con el trágico resultado de un oficial muerto y otro herido de gravedad, conmueve, indigna y hace temer el futuro. El fallecimiento de un policía, dedicado a proteger a sus conciudadanos, estremece conciencias y nos obliga a exigir financiamiento para el OIJ y, también, para la Fuerza Pública. No es justo pedirles arriesgar la vida mientras restamos posibilidades de éxito a su abnegada labor.
No se trata de darles lo suficiente para aplacar la alarma de la ciudadanía ante el hecho puntual, sino de dotarlos de lo necesario para garantizar la seguridad y ver los frutos de su trabajo. Ya no es hora de escatimar presupuesto a la labor policial ni de restar sumas menores a otros rubros indispensables, como la educación, para aliviar en algo la escasez en los cuerpos de Policía.
Si al OIJ le faltan 939 investigadores, Randall Zúñiga, director del organismo, no debe sentirse obligado a pedir dos terceras partes de ese número, como hizo hace poco. Su intención es ser realista y no pretender lo inalcanzable, pero el realismo exige, en este momento, alcanzar lo necesario y no conformarse con menos.
Un planteamiento apegado a la realidad implica, por ejemplo, darnos cuenta del impacto de la creciente ola de violencia sobre el turismo, nuestra principal fuente de divisas. También es realista plantearnos la necesidad de recuperar la soberanía sobre las regiones del país dominadas por el hampa y estar dispuestos a invertir lo requerido para transitar las calles sin temor y apagar la luz, en las noches, sin preocupación o sobresaltos.
Lo dicho para el OIJ vale, desde luego, para la Fuerza Pública, también necesitada de personal y equipos, pero sin esperanza, hasta ahora, de salir de la escasez. Luego de la reunión del llamado “Consejo Nacional de Seguridad” convocada por el presidente, Rodrigo Chaves, el fiscal general, Carlo Díaz, comentó que a la Policía Administrativa no se le ofreció ni una bicicleta.
En la reunión, celebrada el día antes de los trágicos sucesos de Tirrases, Zúñiga aprovechó para plantear la necesidad de invertir en seguridad y montar una contraofensiva frente a las organizaciones criminales. A tenor de sus declaraciones, ni el director del OIJ ni el jefe del Ministerio Público ponen en primer lugar las reformas legales, cuya discusión parlamentaria desvía la atención de necesidades más inmediatas.
La legislación debe mejorar en muchos aspectos y también es necesaria una estrategia integral de seguridad ciudadana, pero mientras se forjan los acuerdos requeridos para avanzar en esos frentes, urge resolver los problemas de financiamiento. Ninguna reforma legal y ningún plan general producirán resultados si carecen del músculo de una policía bien entrenada y equipada.
En la reunión donde los jefes del OIJ y la Fiscalía plantearon la necesidad de invertir, el presidente insistió en cinco reformas legales y llamó a reflexionar sobre la posibilidad de reducir las garantías constitucionales del proceso penal. Las reformas adolecen de importantes defectos y no todos los diputados estarán de acuerdo en debilitar las salvaguardas conquistadas por las sociedades democráticas a lo largo de siglos.
En el mejor de los casos para el Ejecutivo, la discusión se prolongará por largo tiempo y, si las normas llegan a ser aprobadas, no hay garantía de éxito. En cambio, la inversión en medios para la Policía, sin olvidar el desarrollo de instalaciones penitenciarias y el financiamiento de la Fiscalía, producirá efectos inmediatos. Quizá sea la forma de ganar tiempo mientras ponemos la legislación al día y diseñamos un plan sin ocurrencias destinadas a fracasar en 24 horas.
