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El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se tambalea bajo el peso de un déficit actuarial de casi ¢75 millones de millones, y a partir del año 2047 no podrá cumplir sus obligaciones con los jubilados. Es el principal sistema de pensiones del país, con 372.671 beneficiarios, 1.740.935 trabajadores afiliados y 77.752 patronos cotizantes. Su insolvencia desataría una crisis social, política y económica de grandes proporciones, pero el gobierno confiesa la carencia de un plan para enfrentar el riesgo.
A la administración le queda año y medio en el poder, pero la urgencia de atender las dificultades de los regímenes de pensiones es bien sabida desde hace décadas, y, sin duda alguna, desde la campaña política pasada, cuando el partido vencedor prefirió fijarse en el problema mucho menor de las pensiones de lujo, bastante más atractivo desde el punto de vista electoral.
Las pensiones de lujo siguen vigentes, como era previsible, después de promesas de someterlas a referéndum —lo cual está expresamente prohibido— o elevar el caso a la Corte Interamericana, para lo cual se destinaron —sin éxito, como era también previsible— decenas de miles de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. En contraste con todos esos esfuerzos, el gobierno anuncia que no hará ninguno para solucionar el verdadero reto: la debilidad del IVM.
No solo no habrá avance, sino que nunca hubo un plan. Es un tema difícil, con soluciones complejas y siempre insatisfactorias para una parte de la población. A falta de una propuesta y de la alegre renuncia a encarar el problema, solo cabe concluir que jamás hubo intención de resolverlo.
No obstante, la administración culpa a la Asamblea Legislativa porque no confía en la posibilidad de entablar una discusión seria en época preelectoral. Tampoco lo intentó cuando llegó al poder. Ahora, el presidente Rodrigo Chaves propone esperar “una mejor Asamblea Legislativa en el 2026″, pero lo único seguro es que habrá otra, no podemos saber si mejor o peor según el concepto del mandatario.
También es seguro que el problema se agravará con el paso del tiempo. El reciente cambio en la fórmula de cálculo de las pensiones, la eliminación del adelanto de la jubilación para los hombres —cuya edad de retiro quedó fijada en 65 años— y el ajuste de 60 a 63 años para las mujeres apenas representa un respiro.
Según Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, los cambios sirvieron para ganar tiempo mientras se ejecutan los ajustes estructurales requeridos. Un estudio del 2018, antes de las reformas, estimaba el agotamiento de la reserva del fondo en el 2037. La nueva valuación actuarial, al 31 de diciembre del 2022, lo prevé para el 2047. Es decir, los cambios abrieron un espacio de diez años, pero las reformas siguen siendo urgentes.
Barrantes pide no desperdiciar el “oxígeno” proporcionado por los ajustes. “Si lo hacemos, se nos viene todo encima y las reformas serán muy duras… Es conveniente discutir y aprobar los cambios porque hay margen para hacerlos transitorios y con gradualidad”, enfatizó. “No es mucho el tiempo que tenemos y los cambios van a requerir tiempo de discusión en la Asamblea Legislativa y en la Directiva de la Caja”, agregó.
Frente a tanta urgencia, el gobierno solo ofrece añadir un par de años a la crisis, a ver si la suerte nos depara una mejor Asamblea. “No vale la pena dividir al país”, dice el mandatario, aficionado a quemar puentes. Es como sostener que no vale la pena “comerse la bronca”, para emplear el giro que repetía con insistencia antes de su elección.
