Editorial

Editorial: Retazo del jaguar

Si el par de verbos sobrevivientes a los dos escrutinios de la Sala Constitucional fueran aprobados en un referéndum, nada cambiaría en términos prácticos

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El último acto del sainete de la llamada ley jaguar plantea la posibilidad de invertir ¢3.000 millones en un referéndum para aprobar o rechazar una norma ya existente en el ordenamiento jurídico. La reforma ya no pretende recortar las facultades de la Contraloría General de la República para ejercer sus labores de fiscalización, ni elimina la obligatoriedad de acatar sus disposiciones, ni establece la posibilidad de contratar obras públicas a dedo.








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