EscucharLa institucionalidad costarricense no está en peligro, afirma la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora. Los órganos de control, comenzando por los poderes Judicial, Legislativo y Electoral —elementos básicos del sistema de frenos y contrapesos— han demostrado, a lo largo de los años, su valor para la defensa de la democracia, dice la magistrada.
La presidenta del TSE no deja por fuera a la Contraloría General de la República (CGR) y la Defensoría de los Habitantes. Podríamos agregar otras instituciones encargadas de ejercer control en áreas específicas, como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para citar un ejemplo.
Ese tejido de instituciones y el marco legal que les da sustento distinguen a nuestro país de otros menos afortunados, pero no lo inmunizan frente a los embates del populismo y la política de la discordia impulsada mediante las redes sociales, donde el éxito es directamente proporcional a la falta de escrúpulos para mentir, difamar y sembrar la discordia.
Si nuestras instituciones no están en peligro, por lo menos están bajo ataque, y es hora de darnos cuenta. En un considerable segmento de la población se ha instalado la idea de que los órganos de control celebrados por la magistrada Zamora son más bien un estorbo para el progreso.
Si la Asamblea Legislativa rechaza una ley por incompatible con la Constitución Política, si al Poder Judicial le toca hacer lo mismo o si una agrupación encuentra la forma de culpar al TSE por sus infortunios, los ataques recrudecen. Lo mismo sucede cuando la Contraloría objeta un contrato ilegal, la Defensoría pide cuentas sobre un asunto políticamente sensible o la Aresep no cumple las expectativas de alguna institución regulada.
El peligro para la institucionalidad democrática es la normalización de esa conducta. En cada caso, las instituciones hacen lo que les corresponde o, como dice la magistrada, “responden como se debe”. Ejercer el control, de conformidad con la ley, es su razón de ser. Una sociedad comprometida con los valores democráticos debe entenderlo y festejarlo.
Así ocurre con la mayoría de los ciudadanos, y sobre esa circunstancia descansa la solidez de las instituciones, pero los sectores proclives a la actitud contraria no pueden ser ignorados. Urge estudiar las razones de su desapego de los valores democráticos y descubrir qué los hace vulnerables al discurso del resentimiento y la confrontación, aun en sus manifestaciones más absurdas.
Seguramente hay mucho que aprender de los estudios de fenómenos similares en otros países, con características muy diferentes y un problema a grandes rasgos común: el populismo de todo signo, potenciado por las redes sociales. Para describirlo, no alcanza la definición del diccionario. En la práctica política, ni siquiera existe una definición uniforme. Se le reconoce más por sus características. Entre ellas, destaca la “denuncia” del distanciamiento entre las instituciones y la realidad del “pueblo”. Semejante discurso tiene en la tecnología digital un medio idóneo para la difusión y el proselitismo, casi siempre disfrazado de “información”.
Las posibilidades ofrecidas por la tecnología moderna son un factor común entre fenómenos casi simultáneos en sociedades muy disímiles. No podemos ignorar las razones específicas del descontento. En cada caso las hay, pero el hilo conductor parece claro y también merece atención.
El Foro Económico Mundial, recordó la magistrada Zamora, considera la desinformación, la posverdad y su impacto en los procesos electorales como la principal amenaza en los próximos años. Esto lo replica también el informe preliminar de observación (de las elecciones municipales costarricenses) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que “ponía el dedo en el renglón en el sentido de que hubo mucha desinformación, discursos de odio y ataques a funcionarios electorales”.
