EscucharLa Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) tiene una riesgosa tendencia a abusar de las declaratorias de “confidencialidad”, reñidas con la ley, alejadas de la transparencia prometida por la administración y lesivas para la rendición de cuentas esperada de toda institución y funcionario para garantizar el buen manejo de los recursos públicos.
El secreto se aplicó, en agosto pasado, al aumento salarial retroactivo a enero del 2022 para los 2.470 empleados de la institución y, unas semanas después, en octubre, al contrato de compra de un sistema informático, por $44,6 millones, con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Los directores pusieron a ambos acuerdos el sello de confidencial sin proponer criterios técnicos o legales para sustentar su decisión.
En ninguno de los dos casos se justifica la confidencialidad como medio para evitar que la competencia, es decir, otras aseguradoras, se enteraran de alguna estrategia puntual. Las pretendidas justificaciones son otras.
En el caso del incremento salarial del 1,7 %, la intención real de la confidencialidad se conoció gracias a una sentencia de la Sala Constitucional —divulgada el 25 de noviembre— que ordenó al INS entregar toda la información relacionada con el ajuste de salarios al abogado Galo Guerra Cobo, autor del recurso de amparo. Con base en esa orden, La Nación pidió las actas para descubrir que fue la presidenta ejecutiva, Mónica Araya Esquivel, la proponente del secreto, y su argumento, antes que técnico, legal o financiero, fue evitar una reacción de la opinión pública.
“Lo colocamos en confidencial, aunque pudo ser un tema público, para que no nos genere bulla en este momento. Mientras más confidencial se maneje, de bajo perfil, mejor”, dijo Araya en la sesión del 23 de agosto. En suma, el propósito fue mantener a la ciudadanía desinformada.
Asombra que, en un cargo demandante de tanta responsabilidad de cara al público, la presidenta ejecutiva argumente el temor al barullo como motivo para descartar el mandato de transparencia. De no haber sido por la insistencia e investigación periodística de La Nación, no habría trascendido la reserva con que se manejó el incremento ni se habría interpuesto el recurso, motivado por nuestras informaciones.
Como agravante y razón de más para exigir la publicidad de las actuaciones de los directivos, cabe señalar que el ajuste lo aprobaron sin un estudio técnico de mercado, exigido por el artículo 44 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Por el contrario, se respaldaron en una encuesta de salarios donde ni siquiera se homologó el 53 % de los puestos que finalmente recibieron el beneficio. Esa omisión la advirtieron dos de los siete directores, quienes votaron en contra.
La confidencialidad declarada en el caso del contrato con Unops, por otra parte, fue tomada en cuenta por la Contraloría General de la República para rechazar, el 23 de diciembre, el refrendo al millonario convenio. La explicación es obvia: el sigilo limita toda fiscalización del uso de esos $44,6 millones.
Es imposible ignorar que esta agencia de las Naciones Unidas ha sido emplazada por la Contraloría desde el 2017 a dar cuentas sobre los puentes y viaductos en la Circunvalación, por más de $134 millones, que el Estado le encargó gestionar. Desde el 2019, también polemizan por el impago de cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Y, en setiembre del 2021, el representante de Unops rechazó comparecer ante los diputados que investigaban el caso Cochinilla para responder por los servicios prestados al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La justificación: “Las normas del derecho internacional y los acuerdos de sede vigentes no permiten a los organismos del sistema de las Naciones Unidas acreditados en el país comparecer ante comisiones legislativas”.
Tanta limitación de Unops para cumplir con la transparencia que demanda el Estado, desde la Contraloría General de la República hasta la etiqueta de confidencialidad que puso la Junta Directiva del INS al contrato de $44,6 millones, son puntos débiles que deben llevar a la cúpula del Instituto a reflexionar que el sigilo no debe ser la regla, sino la excepción, y bien justificada. Dichosamente, la Sala Constitucional y la Contraloría lo tienen muy claro.
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