“La de Guápiles es terrible; la otra que está allá es terrible, es un caos, un peligro”. Con esa precisión, el transportista Jairo Quirós describió en La Nación el peligro de las nuevas rotondas en la ruta 32. Marvin Araya, otro experimentado conductor de vehículos de carga, tiene la misma opinión: “En el caso del camión, (hay) que agarrarla con cuidado, porque está muy cerrada. Eso está hecho para carros, usted tiene que usar los dos carriles y, con el camión ya adentro de la rotonda, debe tener mucho cuidado si hay otro carro”.
Lamentablemente, estaba más que advertido. La solución barata y cómoda de construir siete rotondas en vez de pasos a desnivel en la ampliación de la ruta 32 hacia Limón saldrá cara y, además, peligrosa para peatones y conductores.
En una carretera por la que circulan a diario casi 2.000 furgones, la decisión de reemplazar pasos elevados por rotondas –o hasta por óvalos– compromete no solo la fluidez del tránsito, sino la seguridad humana. Los hechos y los informes técnicos confirman que estas vías presentan riesgos operativos que afectan sobre todo a los vehículos pesados. Los cuestionamientos llovieron desde que La Nación reveló, el 30 de setiembre de 2023, el plan de cambiar pasos a desnivel por rotondas. Incluso, desde diciembre pasado, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) confirmó que los diseños permiten el ingreso a alta velocidad, no ofrecen radios de giro adecuados y propician invasiones de carril.
Las consecuencias están a la vista. En menos de 24 horas, dos tráileres terminaron perdiendo el control en estas rotondas mal diseñadas. Uno quedó semivolcado en Matina; el otro se metió de lleno en la zona verde de la rotonda, en La Unión de Pococí. Es lógico que ocurra si, hasta para girar dentro de la rotonda, los conductores deben invadir carriles, espaldones o incluso hacer maniobras de reversa, en una ruta donde el tránsito es constante y pesado.
Una vez más, medio de comunicación comprometido con los intereses de los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de señalar responsables: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y quienes toman las decisiones. Por más que los entonces ministros, Luis Amador y Mauricio Batalla, defendieran que las rotondas eran una solución técnica para evitar más demoras por expropiaciones y contener los costos del proyecto, la verdad es que la renuncia a los pasos elevados responde a la incapacidad –y hasta negligencia– para ejecutar las expropiaciones requeridas con el fin de completar la obra según el diseño original.
La Nación incluso reveló que, con las rotondas, el MOPT se ahorró 73 expropiaciones para las cuales tuvo todo el tiempo del mundo, pues la obra se inició desde 2017. Entonces, las rotondas no fueron una decisión técnica, sino una adaptación forzada ante omisiones del propio MOPT. Y fue una decisión barata porque de pasos a desnivel que costarían entre $7 millones y $8 millones cada uno, se optó por rotondas de $250.000.
El país no puede permitirse un MOPT y un Conavi tan ineficientes. El mandatario Rodrigo Chaves debe llamar a cuentas a los encargados porque, en tres años de mandato, era responsabilidad de su administración al menos lograr avances para tener los lotes para esas obras.
Es necesario entender que las siete rotondas deben ser un remedio temporal. Que no se repita la historia de puentes modulares tipo bailey, que, una vez colocados, se vuelven eternos. Batalla, con la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se comprometieron ante vecinos de Limón a buscar soluciones y financiamiento con el fin de sustituirlas. Ojalá la promesa de este gobierno no se esfume luego de que ambos ya renunciaron.
No solo debe darse prioridad a ese ajuste por razones de seguridad, sino porque, como lo han advertido expertos en ingeniería vial, las rotondas llegarán a su límite de capacidad en pocos años y, más temprano que tarde, será necesario intervenirlas. Amador, como ingeniero civil, les pronosticó una vida útil de 10 a 20 años, pero, ya sin estrenar, comienzan a lanzar señales de inoperancia.
Solo imagine el congestionamiento que provoca cada accidente de un furgón y su contenedor en uno de esos diseños. Esta no es una carretera cualquiera; por la ruta 32 se mueve la mayor parte de las importaciones y exportaciones del país y es la que nutre de turismo a los limonenses. Si hay una carretera que requiere eficiencia y seguridad en su diseño, es esta. Pero con rotondas en vez de pasos a desnivel, lo que se construye es un cuello de botella con riesgo constante.
Además, el gobierno debe pensar en los vecinos de esa importante arteria de 107 kilómetros, porque de los 64 poblados que atraviesa, solo en 24 se incluyeron puentes peatonales. Quedan para más adelante 15 pasos y los habitantes de otras 25 comunidades tendrán que arriesgar la vida entre autos y camiones que pasan a altas velocidades para acceder a servicios como escuelas, centros de salud y comercios ubicados al otro lado de la vía.
Celebramos que, por fin, esta vital carretera lleve más de 91% de avance, pero luego de casi ocho años en construcción, la ruta 32 es un símbolo de cómo las decisiones técnicas han sido doblegadas por la improvisación, la falta de liderazgo político y la incapacidad institucional. Se sacrificó calidad a cambio de avanzar. Se crucificó la seguridad a cambio de cumplir cronogramas. Y se entregará –posiblemente a finales de mayo– una obra incompleta.
Los costarricenses –y en especial los limonenses– no debemos resignarnos a la mediocridad. Por eso insistimos en que una vía estratégica no se construye con parches ni excusas; se construye con visión, planificación responsable y respeto por la vida de quienes la transitan.