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El financiamiento del Eximbank de China para la ampliación de la ruta 32 se acabará el 10 de abril del año entrante no importa cuánto sea el avance de la obra o la cantidad del préstamo por ejecutar. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) carece de un plan alternativo para costear el trabajo, siquiera en la versión empobrecida para tratar de ajustar la construcción a los recursos disponibles.
En un principio, se planteó ampliar la vía a cuatro carriles a lo largo de 107 kilómetros, ahora reducidos a 104. Se planificó la construcción de 33 puentes nuevos y la reparación de los existentes. Para garantizar la fluidez del tránsito y la seguridad tanto de peatones como de conductores, se propusieron 11 retornos, 24 puentes peatonales, 13 pasos a desnivel y 5 intersecciones en Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Ahora, los intercambios de Siquirres, Moín y la TCM serán rotondas, así como 9 de los 13 pasos a desnivel, y no hay certeza de la entrega oportuna de largos tramos de la vía y otras obras. El informe presentado el 30 de setiembre por la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (Unops), supervisora de los trabajos, no transmite confianza en la puntual ejecución.
A falta de seis meses, hay nueve kilómetros donde no se ha iniciado la fase de terracería, es decir, los primeros cortes en el terreno para colocar capas de material y, por último, el asfalto. Falta empezar otros cinco kilómetros de carriles adicionales. China Harbour Engineering Company (CHEC) apenas emprende la construcción de dos de las diez rotondas cuya entrega debería darse antes del 28 de mayo del 2025, varios puentes mayores están paralizados y faltan 129 expropiaciones.
Tampoco hay optimismo en las palabras de Federico Baltodano, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) ante el Consejo Nacional de Vialidad. El empresario cuestionó la conclusión de la construcción en vista de la ejecución de recursos. “Si faltaran $41 millones de obra, se debería estar facturando entre $6 y $7 millones cada mes”, expresó, pero en octubre apenas hubo $2,9 millones facturados.
El MOPT pretende entregar, en mayo, el tronco principal de la carretera en su nueva versión, pero el viceministro de Infraestructura, Efraim Zeledón, no se aventura a prometer más que el esfuerzo y apenas se fija el objetivo de “entregar todo lo que se pueda”. En cuanto a las rotondas, solo expresó la intención de “tenerlas lo más avanzadas posible”, pero reconoció la “incertidumbre” sobre su conclusión a tiempo.
La suma del pesimismo de los principales involucrados en la ejecución de la obra apunta a la entrega de un trabajo incompleto aun después de la reducción de las expectativas iniciales, que nada tenían de extravagantes. Representantes de las comunidades a lo largo del recorrido protestan por la sustitución de los pasos a desnivel e intersecciones por rotondas, y los vecinos temen la escisión de sus comunidades en dos debido a la falta de puentes peatonales. El resultado, sin embargo, puede ser peor si no se logra el financiamiento para completar cuanto quede pendiente.
La constructora CHEC tiene reclamaciones por $100 millones pendientes de resolución, y, según la Unops, se le habían aprobado reclamos por $25 millones hasta setiembre, de los cuales $9,9 millones fueron cancelados. Las autoridades prevén la necesidad de otros $157 millones, además de los $465 millones inicialmente presupuestados, para completar los trabajos y atender los reclamos de la constructora. ¿De dónde saldrán?
Una obra de tanta importancia, esperada durante demasiado tiempo, exige respuestas claras. Hacer todo lo posible para terminar cuanto se pueda de un proyecto parecido al planeado no satisface la enorme necesidad de conectar el centro del país con su principal puerto. Tampoco responde a las justas aspiraciones de los limonenses.
