EscucharRomán Macaya, embajador en Washington y futuro presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hace bien al hablar claro, desde el principio, sobre los retos de la institución y los sacrificios necesarios para salir adelante, tanto en el régimen de Enfermedad y Maternidad como en el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
“Ninguna solución será fácil”, dijo en el acto de su designación, cuando el presidente electo, Carlos Alvarado, dio a conocer el futuro gabinete. Durante las últimas administraciones, la Caja insistió en proyectar una ficticia imagen de fortaleza del IVM, aun frente a las fundamentadas críticas del anterior superintendente de pensiones, Édgar Robles. La realidad se hizo innegable luego de múltiples estudios actuariales, todos preocupantes, y la decisiva intervención de expertos de la Universidad de Costa Rica, cuyas conclusiones no dejaron dudas sobre la crisis.
Con el agua al cuello, la institución integró una mesa de diálogo donde las partes se ocuparon de evitar la afectación de sus intereses, aunque esa no sea la vía para hallar una solución. Sindicatos, patronos y Estado se anularon mutuamente hasta encontrar el más bajo común denominador y lo anunciaron con una franca admisión de su carácter provisional. En cinco años, dijeron, será necesario sentarse de nuevo a discutir sobre el IVM. Por ahora, el principal parche consiste en un modesto aumento de las cuotas en tan solo un 1 %.
El turno de Enfermedad y Maternidad había llegado años antes, cuando la administración de la expresidenta Laura Chinchilla reconoció la profunda crisis y nombró una comisión de notables para proponer soluciones. La acción del gobierno evitó el derrumbe del sistema, pero la mayor parte de las medidas propuestas por la comisión quedaron en el tintero.
Ahora, la institución admite el peligro de caer una vez más en crisis, como en el 2010, pero insiste en proponer correctivos indoloros: buenas prácticas financieras, combate a la evasión y nuevas definiciones del financiamiento estatal. Ninguna de esas medidas inquieta a nadie, salvo a los evasores, pero todas juntas probarán ser insuficientes. La insolvencia podría presentarse en unos nueve años.
La población envejece, aumenta la demanda de servicios y el número de contribuyentes cae. Según Macaya, el financiamiento basado en un impuesto al salario es insostenible dada la cambiante relación entre trabajadores activos y pensionados. El futuro presidente ejecutivo propone la creación de nuevas fuentes de financiamiento. Bien podrían resultar necesarias, pero entre los sacrificios anunciados por Macaya deben contarse los remedios a excesos de la institución.
Cuando se conoció la designación de Macaya, los representantes de diversos sectores en la Junta Directiva manifestaron su acuerdo y la mayoría coincidió en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Sin embargo, casi todos plantearon la importancia de mejorar la gestión. Esa circunstancia nos devuelve a las recomendaciones de la comisión de notables nombrada por la expresidenta Chinchilla.
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Entre las 81 sugerencias, la Caja eligió las más fáciles de aplicar, aunque muchas fueran de menor impacto. La mayoría cayó en el olvido porque afectan intereses creados, casi todos al interior de la institución. La Caja se conformó con adoptar las sugerencias menos polémicas y la salida de la crisis se debió, en buena medida, a la cancelación de compromisos atrasados del Estado. Ojalá el nuevo presidente ejecutivo, cuando habla de sacrificios, también esté pensando en los necesarios dentro de la institución.
