El enfrentamiento comercial con China, la pandemia y la guerra en Ucrania terminaron de convencer a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, de la precariedad de las actuales cadenas de abastecimiento y de la necesidad de hacerlas más seguras y resistentes, pese a la probable pérdida de eficiencia y el consiguiente aumento de los costos de producción.
Los beneficios económicos de la red vigente no compensan el riesgo de depender de adversarios, afirmó Yellen, cuyo lenguaje es cada vez más claro. Por si queda duda, la secretaria abogó por reconstruir las relaciones de intercambio a partir de “socios confiables”, aunque eso implique mayores costos para las empresas y los consumidores.
“Nuestras cadenas de suministros no son seguras ni resistentes, y eso representa un riesgo a largo plazo para los Estados Unidos y otros países. Es una amenaza que debemos enfrentar”, declaró. Las alianzas comerciales confiables —añadió— deben ser suficientemente amplias para limitar aumentos en la inflación, pero capaces de garantizar la seguridad de las cadenas de abastecimiento.
Las declaraciones, dadas en una conferencia de prensa durante la reunión de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, constituyen una vehemente invitación a transitar el sendero del nearshoring, es decir, el traslado de operaciones a zonas geográficas más próximas al principal centro de actividades de la empresa.
La conveniencia de reubicarse, en el caso de las compañías estadounidenses, está en discusión desde el recrudecimiento de las tensiones comerciales con China durante la administración de Donald Trump, pero quedó comprobada con la pandemia, la crisis de los contenedores y otras disrupciones de las cadenas de abastecimiento. La guerra en Ucrania se constituyó en el argumento definitivo.
Si la ubicación futura de las cadenas de suministro se parece al mundo descrito por Yellen, las oportunidades para América Latina son muchas, en especial, para países como el nuestro, ya orientados hacia el comercio internacional y la atracción de inversiones. Lejos de sentarnos a esperar, urge enriquecer la oferta y estimular la inclusión de otras actividades productivas, capaces de proveer empleo fuera del Valle Central.
Esa es la intención del proyecto de zonas francas en costas y fronteras, pero también hace falta prestar atención al desarrollo de la infraestructura requerida para la producción. La iniciativa es buena en cualquier caso, pero podría ser estupenda si se abren nuevas oportunidades.
Para aprovecharlas, el país tiene una nutrida agenda de mejoras necesarias, aparte de la infraestructura. La lista de prioridades siempre la encabeza el costo de la electricidad. El Estado ofrece un suministro de calidad, compatible con las exigencias ambientales, pero el precio no favorece la inversión. Las cargas sociales, por su parte, encarecen la mano de obra con especial impacto en la creación de empleo donde más lo necesitamos, es decir, las actividades con personal menos calificado. El tercer escollo entre los más mencionados es la tramitomanía, cuya erradicación se resiste a continuos esfuerzos gubernamentales.
Con mayor o menor especificidad, el proyecto de zonas francas rurales procura evadir los tres obstáculos. En buena hora, pero su presencia en esa ley también constituye un reconocimiento del efecto generalizado de los tres factores. Es momento de actuar para allanar el camino a nuevas oportunidades. Si se dan por la vía señalada por Yellen, bienvenidas. Si no, razón de más para salir a buscarlas.