EscucharLa marcha del miércoles, convocada bajo la bandera de los pequeños y medianos productores, terminó aglomerando a múltiples sectores y agravios. Al final, los participantes marcharon contra la reducción del arancel aplicado al arroz, la incorporación del país a la Alianza del Pacífico, la venta del Banco de Costa Rica, el desfinanciamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social desde la óptica de los sindicatos y, cuando menos de forma implícita, la limitación de excesos, especialmente salariales, en las universidades.
La gama de causas es tan amplia que la participación de muchos, salvo los agricultores, solo podría entenderse como expresión de una posición ideológica concreta. El otro común denominador podría ser, simple y llanamente, la oposición al gobierno. ¿En cuál de las dos categorías caen los rectores universitarios? Como ciudadanos, tienen todo el derecho de apoyar u oponerse al gobierno. También pueden abrazar la ideología de su preferencia, pero de ahí a conceder asueto para asistir a una manifestación contra el gobierno o a favor de determinada ideología hay una gran distancia.
Tampoco toca a los rectores arengar a estudiantes y profesores para llamarlos a participar en una marcha con esas características. Si se tratara de una manifestación para defender el presupuesto universitario, como la convocada hace meses, sería más fácil comprender la beligerancia, aunque también en esas convocatorias haya tela que cortar. En ocasiones no queda claro hasta donde se lucha por recursos para la educación superior y hasta donde por conservar excesos bien documentados.
Para los rectores no es secreto que en sus instituciones hay diversidad de criterios sobre cada elemento de la agenda acumulada para la protesta del miércoles, pero emplearon su autoridad para conceder asueto a todos los universitarios, sin importar su opinión sobre temas tan disímiles. Quizá estén sembrando para el futuro, con la esperanza de reciprocidad de los sectores incorporados a la marcha cuando sus intereses estén en juego.
El de los rectores es solo un ejemplo del riesgo de perder el rumbo con la participación en una protesta tan variopinta. La posibilidad de perder de vista los temas concretos, merecedores de consideración individual, puede echar por la borda iniciativas de valía junto con otras más cuestionables sin considerar las repercusiones, con detenimiento, en cada caso.
La Alianza del Pacífico, por ejemplo, es mucho más que un tratado de libre comercio. Pretende una integración económica profunda para convertirse en una plataforma capaz de proyectarse al continente asiático. Si bien comprende el libre comercio del 92 % de las líneas arancelarias y la desgravación a plazos negociables del restante 8 %, apenas afectaría a la mayor parte de la producción agrícola nacional. El grueso de esa producción se exporta (café, banano, piña, melón, raíces y tubérculos) y está entre los grandes ganadores del libre comercio, con un crecimiento acelerado al compás de la apertura. Otro grupo de productos están orientados a satisfacer la demanda local, pero tienen poca competencia extranjera, como las hortalizas frescas.
La preocupación más justificada es por la producción destinada al mercado interno, con mucha competencia extranjera y protegida por aranceles (papa, arroz, lácteos, cebolla, res, pollo y cerdo). Pero muchos de esos productos han perdido y terminarán de perder la protección antes del 2025 por efecto del tratado de libre comercio con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. El cerdo, la carne de res y el arroz ya fueron incluidos en los tratados bilaterales con México y Chile, dos miembros de la Alianza, y el azúcar está excluida de ese acuerdo. Para los bienes restantes, existe la posibilidad de negociar plazos de desgravación extendidos.
Ninguno de esos matices es discernible en la atiborrada agenda de la marcha y lo mismo puede decirse de otros temas, como la precipitada exigencia de pago de la deuda del gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social sin considerar la forma de determinar el monto ni las consecuencias fiscales y económicas de exigir lo imposible al Estado. Ese reclamo se manifestó en la marcha por boca de sindicatos cuya contribución a los apuros financieros de la Caja no es despreciable.
Basten estos ejemplos para señalar los peligros de reunir tantas cuestiones relevantes en una sola protesta. El método tiene la ventaja de aumentar la asistencia, pero el costo es crear confusión y asentar condiciones para la decisión impulsiva de asuntos merecedores de ponderación.
La protesta puntual del sector de la agricultura afectado por la política pública del momento es legítima y debe conducir a conversaciones sobre la extensión de la protección y la asistencia para la reconversión productiva, entre otras materias, pero no debe ser vehículo de una multiplicidad de reclamos inconexos.
