La mesa de diálogo convocada el domingo por el presidente, Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, exhibe como fortaleza esencial un compromiso con la eficacia. Los caminos son varios y la discusión se centra en escoger cuáles transitar, pero la meta es una y está formulada con meridiana claridad: “¿Cómo lograr una mejora permanente de por lo menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del Gobierno Central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB), mediante una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos?”.
La mezcla de acciones en materia de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público está en discusión, pero no la necesidad de disminuir el déficit y la deuda para impedir un descalabro de las finanzas nacionales y la tragedia de una cesación de pagos con sus profundas consecuencias económicas, políticas y sociales. Para garantizar la eficacia de la propuesta final se prevé la verificación de los rendimientos por técnicos independientes.
La segunda fortaleza de la convocatoria es el equilibrio exigido a la “mezcla” por definir. No se trata de encontrar una solución donde ingresos y gastos tengan el mismo peso, sino de maximizar el aporte de cada uno al cumplimiento de la meta. Ningún sector debe sentarse a la mesa con esperanza de eximirse de una cuota de sacrificio y todos asumen la responsabilidad de proteger a los más necesitados, cuyo número y tribulaciones crecen con la pandemia.
El documento también reconoce la importancia de incluir, en la mezcla, políticas para dar impulso al crecimiento económico, sin el cual difícilmente encontraremos la salida de la trampa a la cual nos condujeron décadas de errores y la súbita aparición de la pandemia de covid-19. Nadie estaba preparado para enfrentar la enfermedad, pero la precariedad de las finanzas públicas expuso a Costa Rica más que a otras naciones.
Luego del fracaso de las medidas inicialmente propuestas para la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la mesa de diálogo es la principal esperanza de corregir el rumbo y evitar un descalabro. Por eso, celebramos la concreción de sus objetivos y la claridad de los postulados, entre los cuales destaca la participación de buena fe.
La convocatoria entiende la urgencia de ofrecer soluciones y fija un plazo para no convertirse en mecanismo de dilación. En un mes, a partir de la instalación de la mesa, el sábado entrante, habrá resultados o se anunciará la falta de acuerdos. El gobierno no renuncia a ejercer su función y llenará los vacíos si fuese necesario.
La dilación tiene un alto costo. La deuda soberana se encarece, los mercados internacionales son cada vez más escépticos y los déficits crecen en porcentajes inmanejables. Ya hay proyecciones de un endeudamiento del 80 % del PIB a corto plazo y se empobrecen las partidas del presupuesto nacional para gasto social e infraestructura.
Un diálogo, como el convocado por los presidentes de la República y el Congreso, rompe el peligroso impasse creado por el traspié inicial y reduce el campo de acción de los extremistas y radicales, siempre escaso en Costa Rica, pero nunca lo suficiente. Ahora que grupos delictivos demostraron su disposición a aprovechar otras manifestaciones de violencia, cerrarles el paso es todavía más crucial. El diálogo franco, sin imposiciones, es el camino acorde con la vocación de concordia característica del temperamento nacional. Solo resta expresar los mejores deseos para todos los participantes.
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