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Treinta áreas de salud prioritarias, dieciocho sucursales, cuatro direcciones regionales, un centro de almacenamiento y distribución con laboratorio de productos farmacéuticos y un laboratorio de normas y calidad de medicamentos no han pasado de meros proyectos debido al ineficaz desempeño de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las 53 obras están incluidas en el fideicomiso contratado por la entidad sanitaria con el Banco de Costa Rica (BCR), prorrogado por siete años el 23 de octubre, cuando venció el pacto inicial sin completarse una sola obra. La Contraloría General de la República (CGR) atribuye el fracaso a la falta de una estructura de gobernanza capaz de planificar las obras a tiempo y manejar los riesgos. El retraso es, entonces, responsabilidad de la Caja.
El contrato, firmado en el 2017, asciende a $471,7 millones y las obras debieron ser entregadas a lo largo de sus siete años de vigencia. Las áreas de salud previstas son indispensables para aliviar la presión sobre los servicios hospitalarios en Guápiles, Acosta y Cartago, entre otras comunidades.
Los problemas de ejecución se manifestaron desde el principio. Hubo demoras por modificaciones que obligaron a variar los términos del contrato y validación de los planes con interesados cuyos criterios debieron tomarse en cuenta desde el primer momento. Las primeras órdenes de inicio apenas se dieron en el 2019, y entonces se produjo la pandemia de covid-19.
En dos años y medio de la actual administración, la marcha de los proyectos no ha tenido mejor suerte. La Junta Directiva suspendió los proyectos del portafolio de inversiones en marzo del 2023 y reanudó 30 de ellos dos meses después. En la actualidad, hay 13 obras del fideicomiso en ejecución, solo cinco de ellas en construcción y las demás en la fase de diseño de planos o anteproyectos. Otras 22 están suspendidas.
Tanta ha sido la indefinición de la Caja que a un mes para el vencimiento del importantísimo contrato, el Banco no había recibido una comunicación sobre la prórroga de siete años más. Esta gestión debió concretarse en junio, según los términos del fideicomiso, que exigen un aviso con 90 días hábiles de antelación.
El titubeo frente a un programa de desarrollo de infraestructura de tanta cuantía es reflejo de la inestabilidad de la cúpula de la institución a lo largo de toda la administración actual. No sorprende la atribución de los problemas a la mala gobernanza cuando el defecto se hace evidente desde la cima de la entidad.
Veintitrés personas han ocupado los asientos de la Junta Directiva en 17 meses por una amplia gama de razones que van desde disputas políticas hasta resoluciones judiciales y cuestionamientos diversos. La Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), encargada de enfrentar uno de los problemas más sentidos por los usuarios y de cumplir una de las principales promesas de la administración, ha tenido siete directores y por las gerencias han pasado 15 personas, cuatro de ellas por la vital Gerencia Médica.
La inestabilidad alcanzó su cúspide con la suspensión de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, y otros tres directivos por la contratación de Ebáis con un millonario sobreprecio, según la tesis del Ministerio Público. Las suspensiones impiden a la Junta reunirse para decidir sobre más de 300 asuntos pendientes, entre ellos otras significativas obras de infraestructura, como el hospital de Cartago, víctima y reflejo de los vaivenes de la administración.
Mientras tanto, el Ejecutivo posterga el nombramiento de un reemplazo para Esquivel, cuyos seis meses de suspensión ponen en duda la posibilidad de mejores resultados a su retorno, con pocos meses de gobierno por delante. Ni el más iluso cree, a estas alturas, en la prometida reducción de las listas de espera. El fideicomiso con el BCR está prácticamente como en el primer día.
Nada se sabe del hospital de Cartago, y así sucede con una larga lista de asuntos urgentes. La Caja necesita un ancla para recuperar algo de estabilidad y dejar de perder el tiempo. El Ejecutivo está llamado a dársela.
