EscucharComo tentativa de humor, las respuestas de José Manuel Arias Porras, directivo del Banco Nacional (BN), sobre su pretensión de variar la elección del presidente de la institución para complacer a la Casa Presidencial se quedan cortas. Ni siquiera causan risa como desesperado intento de disimular insalvables contradicciones.
La pobreza y banalidad de las respuestas, unidas a la despreocupación por la ley y la ingenuidad —por no llamarla de otra forma— del planteamiento registrado en las actas de la Junta Directiva, hacen dudar de la idoneidad del funcionario para el cargo. La credibilidad y el apego a las normas son valores de primerísimo orden en la industria bancaria.
Por inequívoco mandato de ley, los bancos del Estado gozan de plena independencia frente al Poder Ejecutivo. No obstante, el 3 de agosto el directivo aprovechó el llamado a ratificar el acta de la sesión anterior, donde se produjo la elección de Marvin Arias, ex auditor general del Banco con 36 años de carrera, para pedir una revisión del acuerdo.
Según el acta, Arias Porras afirmó: “Yo tengo una observación. La Casa Presidencial nos ha pedido que nosotros definamos el presidente de la Junta entre los cuatro miembros que fuimos designados recientemente. Entonces, yo quisiera proponer que no se apruebe el acta para revisar la viabilidad de esa solicitud que nos hace la Casa Presidencial”.
Para mayor asombro, en el momento de la intervención de Arias Porras, ya había pasado una semana desde la emisión del hecho relevante comunicando la elección del presidente de la Junta Directiva a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a todo el país.
La propuesta, planteada con desconcertante candor, pretendía explorar formas de anular la reciente elección para escoger a uno de los cuatros directivos nombrados por la actual administración. Todo por pedido de Zapote. El directivo sabe de la incorrección del planteamiento porque intentó desvincularse de él cuando se le preguntó al respecto. De pronto, no hubo un “pedido” de la Casa Presidencial, sino un “comentario”, “algo que se dijo”. Cuando se le preguntó de dónde salió la indicación, afirmó no poder asegurarlo porque no se lo dijeron directamente.
A partir de ese momento, comenzó la tentativa de comedia. Cuando se le preguntó por qué habló, entonces, de una petición de la Casa Presidencial, respondió que no se le había ocurrido pedir permiso al periodista. Luego, se le cuestionó si le parecía normal que la Casa Presidencial pidiera definir al presidente del Banco entre los cuatro miembros nombrados por la actual administración. Aprovechó para volver a exhibir su astucia. Sin advertir la contradicción con lo que venía diciendo, respondió: “Depende de lo que usted interprete como normal”. “Usted tiene derecho a opinar lo que se le ocurra con relación a los temas que le competen”, añadió.
Como bien sabe el directivo, no necesita autorización de ningún periodista para intervenir en la Junta. No obstante, si la intervención consiste en un desatino tan grande y obvio, haría bien en pedir consejo. La normalidad, por otra parte, consiste en apegarse a la ley. Por último, a los periodistas, como a cualquier ciudadano, les compete vigilar la administración de los bancos públicos y la salvaguarda de su independencia, establecida por razones que don José Manuel debería entender.
Si la iniciativa fue producto de un “comentario”, “algo que se dijo” sin ser él el destinatario, no cabe duda de su deseo de complacer. Ni siquiera le hacen falta instrucciones para actuar con “normalidad” y rapidez. Esa no es ni la letra ni el espíritu de la ley, que afortunadamente no está sujeta a interpretaciones caprichosas.
