EscucharBernardo Arévalo prometió ayer recuperar las instituciones de su país del dominio ejercido durante décadas por la corrupción y la impunidad. No será fácil, pero es indispensable para darle a Guatemala una oportunidad de reconstruir el Estado de derecho y tomar la senda de la prosperidad. Por eso, el nuevo presidente necesitará el apoyo de la comunidad internacional.
Nada garantiza su permanencia durante el cuatrienio para el cual fue elegido. Las mismas fuerzas que intentaron, hasta el último minuto, impedir su inauguración, no tardarán en conspirar para malograr su gobierno. Es la historia de siempre en Guatemala, ejemplificada dramáticamente, a mediados del siglo pasado, por el golpe de Estado promovido por Estados Unidos y los intereses de la United Fruit Company contra Jacobo Árbenz, sucesor y aliado político del padre del nuevo mandatario, Juan José Arévalo, presidente entre 1945 y 1951.
Desde entonces, la élite política y económica guatemalteca ha resistido todo cambio y su éxito descansa sobre el dominio de la institucionalidad, incluidos el Poder Judicial y la Fiscalía, además del Congreso. Jueces y fiscales fieles a sus deberes se han visto en la necesidad de exiliarse para evitar represalias cuya impunidad se ha venido dando por descontado.
Junto a los operadores judiciales honestos, la represión se ha ensañado contra prominentes periodistas. La condena a seis años de prisión contra el fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, por arbitrarios cargos de lavado de dinero, suscitó protestas en todo el mundo. Una sala de apelaciones anuló la condena y ordenó repetir el proceso, pero Zamora ha sufrido largos meses de prisión en espera de juicio.
Arévalo ha denunciado un “pacto de corruptos” para impedir su victoria y obstaculizar la toma de posesión celebrada ayer, con más de nueve horas de retraso, en el Teatro Nacional, debido a maniobras de último minuto de la oposición legislativa. Los diputados salientes, ligados al hasta ayer presidente Alejandro Giammattei, declararon independientes a los 23 nuevos legisladores de la agrupación de Arévalo para impedirles asumir el control del Congreso, pero, una vez juramentados, sus sustitutos dieron marcha atrás a la medida.
La declaratoria anulada se fundó, precisamente, en la ofensiva judicial, encabezada por el Ministerio Público, después de la victoria de Arévalo. Según los opositores, la presencia del Movimiento Semilla en el Congreso es ilegítima porque su personalidad jurídica fue suspendida temporalmente, a petición de la Fiscalía, mientras investiga supuestas irregularidades en el proceso de formación del partido.
No pudo haber una demostración más clara de las fuerzas alineadas contra Arévalo desde el proceso electoral y mucho más a partir de su victoria. En este último acto —por ahora— de resistencia irreductible, estuvieron presentes, de una u otra forma, la Fiscalía, la judicatura y el poder legislativo. Tampoco puede haber mejor prueba de la desfachatez con que se ha venido ejecutando la voluntad de descarrilar el proceso democrático. La maniobra se hizo ante la mirada del mundo, el día del traspaso de poder, en presencia de los dignatarios invitados a la ceremonia.
Arévalo, sociólogo, exdiplomático y filósofo de 65 años, sorprendió en junio cuando logró el pase a la segunda ronda electoral. En el balotaje venció con el 60 % de los votos a la candidata conservadora. Desde entonces, enfrentó la ofensiva judicial, caracterizada por sus seguidores como un intento de golpe de Estado. La Fiscalía trató de retirarle la inmunidad, desarticular su partido y anular los comicios, argumentando anomalías electorales.
La condena internacional de esas y otras maniobras fue determinante en su fracaso. Por lo que pueda venir, el mundo debe tener presente la petición formulada por el nuevo mandatario en el discurso inaugural pronunciado ayer: “No nos dejen solos, nosotros no nos daremos por vencidos”. Es preciso mantener un ojo sobre Guatemala.
