Los costarricenses nos estamos sumergiendo, cada vez con mayor velocidad, en un peligroso triángulo de deterioro. Sus tres vértices son la educación, la salud y la seguridad. Existen muchas otras áreas de cuidado, y también las hay de éxito. Sin embargo, las tres señaladas son particularmente graves, porque afectan de manera directa nuestro contrato social, el bienestar de la población, las oportunidades de superación y las bases para un desarrollo más robusto y equitativo.
Sin desconocer indudables períodos de avance, esas tres áreas han experimentado un deterioro paulatino durante años. Sin embargo, este se ha acelerado durante la actual administración, y nada indica que la situación mejorará, sino al contrario. Algunos ejemplos reflejan la seriedad de la magnitud de la crisis en proceso.
En educación, el golpe más reciente fue la eliminación del “Programa de estudio en afectividad y sexualidad integral”, sin tener con qué sustituirlo. Lo mismo sucedió en abril de 2023 con el programa de informática educativa a cargo de la Fundación Omar Dengo. Antes, el MEP canceló las pruebas de diagnóstico FARO y las sustituyó por unos exámenes incapaces de brindar un diagnóstico preciso sobre el curso de la educación.
En las más recientes pruebas internacionales PISA, aplicadas en junio de 2022 en 37 países de la OCDE, que miden el desempeño de estudiantes de 15 años en matemática, ciencias y lectura, ocupamos el penúltimo lugar en las dos primeras materias, y el tercero peor en la siguiente. De 2.634 estudiantes que realizaron el examen de diagnóstico en matemáticas de la Universidad de Costa Rica, en febrero del año pasado, solo 6,7% logró aprobarlos.
El presupuesto dedicado a la educación pública, que según la Constitución debe equivaler, al menos, a 8% del producto interno bruto (PIB), cayó de 7,8% en 2019 a 5,9% el año pasado. Para el presente, solo se ha presupuestado un 4,9%. Peor aún, Hacienda ha recortado los giros para comedores escolares, transportes, becas y las juntas de educación.
El deterioro en salud es tan o más serio. En su discurso de los 100 días, el presidente Rodrigo Chaves anunció que “por fin” la Caja Costarricense de Seguro Social tenía una estrategia para reducir las listas de espera. Luego vino la “Ruta de la Salud”, anunciada por su entonces jerarca, Marta Esquivel, en noviembre siguiente, y en mayo de 2023 el problema fue declarado “emergencia institucional”. Sin embargo, sigue empeorando.
Mientras, en lo que va de este gobierno han pasado siete coordinadores distintos por la Unidad Técnica de Listas de Espera, y cuatro por la presidencia ejecutiva de la Caja. Ante la falta de atención, se ha dado un grave proceso de judicialización de la salud: el año pasado, la Sala Constitucional recibió 15.074 recursos de amparo de pacientes, 13,4% más que en 2023.
La crisis se ha acentuado por la renuncia, hasta ahora, de más de cien especialistas. A esto se suman problemas denunciados por la Unión Médica Nacional en el Expediente Único en Salud (EDUS), y en prevención también existen fuertes señales de alerta. Según datos preliminares, ha aumentado la incidencia de sífilis, gonorrea, herpes y virus del papiloma humano, y aunque las siete muertes por dengue con que cerró 2024 parecen pocas, constituyen la segunda mayor cantidad en 31 años.
Tal como ocurre en educación, el financiamiento enfrenta enormes obstáculos. Entre los años 2008 y 2024, la deuda del Gobierno con la Caja pasó de 1,1% a 6,3% del PIB, y la institución no ha recibido transferencia alguna entre 2020 y 2023 para atender los costos de asegurados por cuenta del Estado.
En seguridad, bastaría con citar que cerramos 2024 con 880 homicidios, el segundo mayor número de nuestra historia, para una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes (en 2022 fue de 12,6). Los cinco feminicidios ocurridos en este mes tienen visos de epidemia social. Y el martes revelamos un enorme incremento en los decomisos por lavado de dinero. En parte pueden deberse a un cambio en el procedimiento de recolección, pero otra variable es crecimiento en el narcotráfico.
En medio de esta situación, Hacienda también se ha negado a desembolsar fondos aprobados por la Asamblea Legislativa para el OIJ, la Fuerza Pública y la Fiscalía.
Los problemas en educación, salud y seguridad son multidimensionales. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones. De ahí la necesidad de un abordaje integral desde el Ejecutivo. Sin embargo, no se ha producido. Al contrario, prevalecen el descuido, la impericia, el desdén, la falta de escucha y el reparto de culpas. Por esto se han acelerado problemas, al punto de un gran descontrol. Revertir esta tendencia será en extremo difícil, pero urge. No hacerlo implica condenar a la población, en particular a la menos favorecida, a una peor vida.
![Quirófano oscuro, cuatro personas vestidas de verde con mascarillas. La poca luz que hay viene del techo, es una lámpara quirúrgica.](https://www.nacion.com/resizer/v2/Q65UK6H7G5HY5H34GWMFUN5YPA.jpeg?smart=true&auth=32163e27a4897a2891211cc12508d738a93706f597db455d76775596bfbf2a68&width=1600&height=1066)