EscucharAsí como nadie tiene derecho a vivir de los demás, nadie, salvo los más necesitados, debe cobrar una pensión para la cual no cotizó. Los regímenes estatales no pueden sostenerse a fuerza de subsidios y es injusto cargar sobre los hombros de la colectividad la jubilación de una minoría.
Si el Estado se mantiene como pilar de las pensiones, su contribución debe ser la misma para todos los afiliados, sin importar su lugar de trabajo, y el presupuesto nacional no debe ser fuente de financiamiento para ningún régimen en particular. Si aspiramos a una sociedad justa y solidaria, no hay otro camino.
Costa Rica necesita un régimen único de pensiones, tanto por la imposibilidad de mantener la multiplicidad de sistemas de privilegio existentes como por razones de elemental justicia y equidad. Ningún argumento para preservar las distinciones es válido en la sociedad democrática. No existen dignidades tan altas como para exigir tributo vitalicio. Tampoco hay motivo para diferenciar a quienes desempeñan idénticas funciones según el patrono para el cual trabajan.
Un chofer de la Corte Suprema de Justicia no tiene fundamento para reclamar una jubilación más alta ni cotizaciones mayores del Estado –como tal y como patrono–. Tampoco un juez o magistrado debe quedar exento del tope impuesto a los afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esa exención es, ni más ni menos, una suspensión del deber de solidaridad tantas veces invocado por los propios tribunales para resolver asuntos de política pública.
Peor aún, el subsidio a las pensiones de privilegio o su mantenimiento con fondos del presupuesto nacional es una especie de solidaridad inversa, donde los desposeídos, junto con otras capas de la sociedad, contribuyen a mantener a otros, muchos de ellos pertenecientes a la cúspide de la pirámide de ingresos.
Los pobres pagan buena parte de las pensiones de privilegio, sea con impuestos o con la baja calidad y ausencia de servicios estatales, incluida la ayuda social. Si la factura estuviera a cargo de la clase media y alta, tampoco sería justa, porque los pensionados de lujo pertenecen a esas mismas capas de la población.
No somos una monarquía. La dignidad del cargo y quien lo ocupa son cosas distintas y a nadie se le deben beneficios vitalicios desmedidos. Las pensiones deben apegarse a los cálculos actuariales fundados en razones financieras y demográficas, no importa si el trabajador contribuyó a la sociedad desde un alto cargo del Estado o desde la más humilde ocupación del sector privado.
Lo justo es poner un tope igual para todos, como pretenden la Dirección Nacional de Pensiones, con aval del gobierno, y un proyecto de ley del diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana. La justicia también manda a fijar una sola edad de jubilación y un método de cálculo. Lo justo coincide, además, con lo sensato, porque los regímenes especiales hacen agua y están cada vez más necesitados del apoyo estatal, que ya llegó a su límite.
Un régimen único de pensiones no va a contrapelo del fortalecimiento de los regímenes complementarios, financiados con las cotizaciones de sus afiliados. Por el contrario, en un sistema único, las jubilaciones complementarias cumplen la función de recompensar el ahorro con ingresos adicionales a los regímenes estatales dedicados a garantizar a todos una vejez decorosa. En el mundo, el derrumbe de los regímenes de pensiones alejados de la ciencia actuarial ha sido causa de irreparables tragedias. Quizá estemos a tiempo para ponernos en orden.
