EscucharEl presidente, Carlos Alvarado, despejó una duda demasiado inquietante para ser duradera. Pensar en una solución a la crisis de las finanzas públicas sin recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) es una fantasía irresponsable. Toda ruta alternativa es más cara en términos de sufrimiento humano y daño a la institucionalidad. La duda sobre nuestra disposición a transitar ese camino es en sí misma dañina porque incrementa la percepción de riesgo entre propios y extraños.
En buena hora, luego de una cadena de equívocos, el mandatario reafirmó, sin ambigüedades, el compromiso de acudir al FMI, no solo para obtener un cuantioso financiamiento a tasas favorables, sino también para recuperar la credibilidad perdida en el mercado internacional.
El solo anuncio del Ejecutivo es ganancia y debe atraer la atención de actores políticos, económicos y sociales sabedores de las consecuencias de dejar pasar la oportunidad. El camino del FMI no está exento de costos, pero no los impone el organismo internacional, sino la irresponsabilidad de tantas décadas. Es hora de encarar la realidad y no habrá muchas oportunidades más. Dejarlas pasar es condenar a millones de costarricenses a caer en la pobreza. Podemos afirmarlo sin temor a la exageración, porque ya ocurrió al inicio de los ochenta.
El mandatario no reveló detalles de las propuestas que serán anunciadas la próxima semana, pero adelantó las características generales del plan. Un 1,5 % del producto interno bruto (PIB) saldrá de la reducción de gastos. Entre eliminación de exoneraciones y aportes de las empresas públicas, el gobierno espera recaudar otro 0,7 % y un 0,8 % adicional en nuevos ingresos, es decir, impuestos.
El diablo está en los detalles, dice el refrán, y no los conoceremos hasta la semana entrante, pero, en términos generales, el plan parece diseñado para evitar el desequilibrio del planteamiento inicial, presentado en setiembre. El presidente no desglosó el rubro de eliminación de exoneraciones y contribuciones de las empresas estatales. No podemos saber cuántos ingresos se esperan de cada una de esas fuentes. No obstante, aunque la eliminación de exoneraciones se contabilice como aumento de la carga tributaria, la reducción del gasto conservará mayor peso si el anuncio del presidente se cumple.
El propio Fondo Monetario estima difícil la superación de la crisis sin la aprobación de nuevos impuestos o un aumento en la tasa de los existentes. Es preciso comprenderlo para desterrar la demagogia en favor del realismo. El gobierno parece haber comprendido, por su parte, la imposibilidad de enfrentar la grave situación nacional con un acento excesivo sobre los ingresos. Intentarlo siquiera es arriesgar un nuevo y quizá definitivo fracaso.
Las fuerzas políticas responsables deben esperar la propuesta gubernamental con la mente abierta y una sana disposición a negociar en el foro dispuesto para ese efecto por el diseño de la institucionalidad democrática. Al fin el diálogo se traslada a la Asamblea Legislativa, donde tiene mejores posibilidades de rendir fruto.
El gobierno, por su parte, debe ejercer sus responsabilidades sin cálculos indebidos y sin temores. Le toca asumir el costo político y el éxito depende de su disposición a hacerlo sin disimulos. El capital político del presidente es poco y ya es tarde para preocuparse por preservarlo. En cambio, es hora de pensar en su legado, mucho más valioso que el aplauso momentáneo. Las decisiones de las próximas semanas son para la historia. Los desaciertos se magnificarán con el tiempo y no habrá forma de disimularlos ni de justificar sus efectos, especialmente sobre los más necesitados. El presidente está llamado a acertar.
