EscucharEl presidente colombiano, Gustavo Petro, pronunció recientemente un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que resultó sorprendente por sus imprecisiones y preocupante por sus ideas sobre uno de los pilares fundamentales del Sistema Interamericano: la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No en balde, pocos días después, 24 exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina —entre ellos los expresidentes Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís— puntualizaron los errores en que incurrió y alertaron sobre el potencial peligro de su planteamiento. Compartimos esta inquietud.
Petro habló en la OEA, el miércoles 19 de abril, como parte de una visita a Washington, durante la cual se entrevistó con el presidente Joe Biden. Su presentación no fue un discurso estructurado, con una línea argumental clara, precisión fáctica y rigor conceptual, como es usual en estos casos. Más bien, se extendió en una serie de divagaciones y reflexiones muy generales, a modo de conversación. Este planteamiento retórico puede explicar, pero no justificar, un garrafal error en su contenido; menos, la propuesta que formuló.
El error fue no distinguir entre la Convención y la Carta Democrática Interamericana. La Convención es un instrumento jurídico con fuerza de tratado, adoptado en 1969 por una conferencia especializada en la materia, celebrada en San José y vigente desde 1978. La Carta, en cambio, es un documento político aprobado en el 2001 por una asamblea general de la OEA. Y mientras la interpretación y aplicación de la Convención está a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), como tribunal independiente, la de la Carta se encomienda al Consejo y otros órganos de la OEA.
Petro habló, indistintamente, de “Carta” o “Carta Democrática”, pero en realidad se refirió a la Convención, aunque nunca la mencionó por su verdadero nombre. Este craso error hace dudar de su conocimiento sobre la estructura y funcionamiento del Sistema Interamericano, y entre los escuchantes o lectores poco atentos genera enorme confusión sobre su mensaje.
El mandatario colombiano fue claro en reconocer los aportes de la Convención (Carta, en sus palabras) para la protección y ejercicio de los derechos civiles y políticos en el hemisferio. Incluso, dijo que debía su presidencia a ese instrumento y a la Corte-IDH, que años atrás dejó sin efecto la decisión de un funcionario administrativo colombiano de quitarle parte sus derechos políticos, algo que solo puede decidir un juez.
Sin embargo, criticó que, según él, la Convención solo reconoce “derechos individuales liberales”, es decir, los civiles y políticos, no “los derechos sociales, los derechos del pueblo trabajador, los derechos de los indígenas y las indígenas”, o los que protegen la igualdad de género y la naturaleza. Por ello, propuso “ampliarla hacia los derechos contemporáneos”. Pero fue más allá en otra frase: “Yo les propongo rehacer la Carta Democrática (de nuevo se refería erróneamente a la Convención) y en el camino... arreglar nuestras cuentas”. No dijo cuáles.
El peligro de su iniciativa es múltiple. Primero, parte de una lectura absolutamente reduccionista del texto de la Convención. No toma en cuenta que reconoce derechos de carácter universal, y que, por ello, pueden —y deben— aplicarse a ámbitos y grupos diversos. Es decir, no se trata de un catálogo, algo que sería absurdo en un documento de esta índole, sino de una enunciación de pilares esenciales, de los que se deriva la posibilidad de un ejercicio más pleno de todos los derechos. Segundo, desconoce que, precisamente por esto y por la lucidez e independencia de los jueces interamericanos encargados de velar por su cumplimiento, la Corte-IDH interpreta de manera expansiva la Convención, y crecientemente ha tutelado los derechos que, según Petro, ha desdeñado. Es decir, desconoció sentencias a favor de defensores del ambiente, de las mujeres, los indígenas, los niños y la población sexualmente diversa.
Proponer, a partir de premisas totalmente equivocadas, que rozan la ignorancia, “rehacer” la Convención, es totalmente irresponsable y peligroso. El proceso que eventualmente se abriría podría conducir a que esta sea manipulada con ímpetus demagógicos, o por intereses que, más bien, desean debilitarla, precisamente porque rechazan la forma en que la Corte impulsa la integralidad de los derechos humanos en el hemisferio.
Es muy probable que su iniciativa se quede en el reducto de las divagaciones, desde el cual surgió ante el Consejo Permanente de la OEA, entre otras cosas, porque reformar un tratado es un proceso en extremo lento y complejo. Aun así, por venir del presidente de un país tan importante como Colombia, es necesario estar alertas. Bastantes problemas tenemos ya en nuestro hemisferio, y ninguno producto de la Convención o la Corte-IDH, como para sumergirnos en el manoseo de los derechos humanos o acariciar la posibilidad de un salto al vacío. Esto fue lo que, en esencia, propuso Petro. Esto es lo que debe rechazarse ad portas.
