La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) clamó el jueves por la pronta solución del congestionamiento en Puerto Caldera. Mientras elevaban su protesta, los empresarios contaban unos 400 contenedores en fila y tiempos de espera de 28 horas en una terminal por donde pasan $2,1 millones diarios de productos nacionales destinados al exterior, equivalentes al 12,8 % de las exportaciones anuales.
La Sociedad Portuaria de Puerto Caldera, concesionaria de la terminal, atribuyó lo sucedido a la concentración del retiro de mercadería en los días lunes y las fuertes lluvias caídas en Puntarenas, que entorpecieron las labores y causaron la congestión hasta el propio jueves.
Pero las disfunciones son recurrentes. Obedecen a causas más profundas y la lluvia, en el mejor de los casos, demuestra la fragilidad de la operación. Ni a la Cámara de Exportadores, ni al gobierno, ni a la concesionaria le sorprende. Desde hace años existe un plan maestro de modernización, pero los tropiezos burocráticos han obligado a posponerlo.
Mientras tanto, los exportadores, y también los importadores, sufren atrasos y pérdidas. Los mercados extranjeros son exigentes y muy competitivos. La prolongación de los tiempos de espera pone en peligro la calidad de los productos y el cumplimiento de los contratos en el extranjero.
Las carencias de infraestructura van desde la incapacidad de los muelles para manejar barcos de suficiente tamaño hasta limitaciones en los patios de estacionamiento, además de la inexistencia de un laboratorio de análisis fitosanitario. En consecuencia, las muestras viajan hasta San José y las labores de descarga se atrasan hasta dos días. La prolongada indefinición sobre la futura administración del puerto agrava las deficiencias e impide emprender la modernización.
El Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, elaborado a un costo de $560.000, calculó en $251 millones la inversión mínima para modernizar el muelle. El transcurso de cada día sin iniciar las obras amenaza las exportaciones, las importaciones, la recaudación de impuestos, los costos y las finanzas del propio puerto, que inevitablemente irá perdiendo clientes.
La concesión de las operaciones portuarias en el 2006, por un plazo de 20 años, es una historia de éxito. La mejora fue casi inmediata y el volumen de carga creció a un ritmo muy superior al estimado en el contrato. Ese éxito, el crecimiento del comercio internacional y el desgaste de dos décadas tienen al puerto a punto del colapso. Lo previmos, pero no lo remediamos. Esa es la verdadera tragedia.
Ya en el 2019 el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico reconocía una crisis del muelle comparable con la del momento de adjudicación de la concesión. El estudio utilizado para generar el plan maestro recomendaba el inicio de los trabajos este año; sin embargo, a estas alturas, ni siquiera se sabe quién manejará el único puerto internacional del Pacífico costarricense y hay razones para temer por lo menos dos años más de parálisis.
El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico recibió tres ofertas para ejecutar la inversión y manejar las operaciones. Una fue rechazada por insuficiente, otra fue retirada y solo sigue en pie la del actual concesionario. Urge definir si se le prorrogará el contrato a cambio de las inversiones requeridas o si se le indemnizará por el plazo restante para recibir nuevas ofertas. Cualquiera que sea la determinación, no cabe duda de su urgencia.