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El presidente de la República debe autorizar la participación de la Unidad Especial de Intervención (UEI) en todo operativo y el Ministerio de la Presidencia tiene a su cargo la supervisión y evaluación del desempeño del cuerpo policial, entrenado para ejecutar operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, según el artículo 18 de la ley de policía.
Es difícil comprender por qué esas funciones quedaron bajo el mando de la Casa Presidencial y no sujetas a la dirección técnica de la Fuerza Pública. Por otra parte, salta a la vista el peligro de una desviación de sus funciones a partir de la proximidad con la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo.
Las funciones de la UEI son de seguridad ciudadana y nada ganan con la cercanía a la política. La ubicación natural de la unidad es el Ministerio de Seguridad y, si bien no imposibilita su mal uso, el traslado a esa cartera marcaría distancia con la política y encuadraría su desempeño en una estructura igualmente especializada.
El martes de la semana pasada, los diputados aprobaron una moción para acelerar la discusión de un proyecto de ley propuesto por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), para hacer el traslado de la UEI a Seguridad Pública y librarla de la supervisión de la Casa Presidencial. La moción eximió el expediente del trámite de comisión para enviarlo directamente al plenario.
“Es necesario contribuir al mejoramiento de los cuerpos policiales, ubicando realmente bajo un mando técnico a este tipo de unidades especiales, que en este momento operan en espacios distintos al Ministerio de Seguridad", dijo Campos con una lógica difícil de rebatir. Los operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico deben estar bajo la conducción de los técnicos y no de los políticos, no importa cuán bien intencionados.
Otros diputados temen la posibilidad de que en su condición actual, la UEI pueda convertirse en una policía de uso discrecional del mandatario de turno. Ariel Robles, del Frente Amplio, llevó el argumento al punto de cuestionar la existencia de una unidad especializada a disposición de los mandos políticos “para investigar a diputados, periodistas o resolverle los problemas familiares al presidente”. Unidades como esta “son sumamente peligrosas para las democracias”, añadió.
El país ha tenido experiencias de abuso con el otro cuerpo policial adscrito a la presidencia de la República: la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). La entidad se prestó para seguir a opositores del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana cuando el país debatía con intensidad su aprobación. Antes se había visto involucrada en un escándalo relacionado con intervenciones telefónicas y hasta interfirió con la naturalización de un periodista de conducta irreprochable por razones meramente ideológicas.
Con cada escándalo, la sujeción de la DIS al Ministerio de la Presidencia fue objeto de cuestionamientos, propuestas de traslado a Seguridad Pública y hasta desaparición. Siempre superó los cuestionamientos argumentando su papel de único organismo capaz de satisfacer las necesidades de inteligencia del Poder Ejecutivo y prometiendo limitar sus actividades a la recolección de informes legítimos, por medios igualmente legítimos.
Sin embargo, las experiencias habidas con la DIS no aconsejaban crear un segundo cuerpo policial adscrito a la presidencia, y mucho menos uno con las habilidades específicas de la UEI. Los diputados hacen bien al empeñarse en subsanar el error con rapidez. Si lo consiguen, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses, a partir de la publicación de la ley, para integrar a la UEI a la cartera donde siempre debió estar.
