El diseño de tres de los cinco tramos de la trocha fronteriza, cuyo costo asciende a ¢1.610 millones, será entregado en las próximas semanas. Luego, los documentos serán depositados en el archivo. Es un desperdicio insignificante si se recuerdan los otros ¢30.000 millones invertidos en el camino desde el 2011, según datos del Consejo Nacional de Vialidad.
El gobierno decidió descontinuar el proyecto por falta de presupuesto. La obra construida hasta ahora quedará a su suerte, destinada al deterioro paulatino. Todo fue un desperdicio, cuando no una oportunidad para el enriquecimiento ilícito. A estas alturas, el Ministerio Público todavía tiene a 42 personas bajo investigación por las anomalías que convirtieron la trocha en un escándalo nacional.
Pero la trocha, o ruta 1856, es una obra de infraestructura importante. Fue concebida como un medio de afirmación de la soberanía nacional sobre la zona después de la invasión nicaragüense a isla Calero. La trocha facilitaría la vigilancia de la frontera y estimularía el desarrollo en un área poco poblada y, a menudo, olvidada.
Los vecinos se entusiasmaron con la idea. Algunos invirtieron en negocios de alojamiento y alimentación. Todos celebraron el futuro dinamismo regional. Luis Guillermo Solís, entonces candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, ofreció completar la obra. “Hay que hacer lo necesario para que este proyecto se termine y se termine bien”, afirmó ante un grupo de vecinos de Los Chiles.
En diciembre del 2013, los 16 jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, denegaron la petición de medidas cautelares hecha por el gobierno nicaragüense y permitieron la continuación de las obras. Todo estaba listo para seguir adelante, sin más demoras.
Ahora, las realidades de la crisis fiscal, un presupuesto con poquísimos recursos destinados al desarrollo de obras y el colapso de la infraestructura en el resto del país, especialmente en el Valle Central, impiden concluir la trocha. Las autoridades definieron como prioridades la conexión entre la autopista Florencio del Castillo y la ruta de Circunvalación, la nueva radial a Heredia y el último tramo de la Circunvalación norte. No hay para mucho más, ni siquiera para otras obras vitales.
Después de tantos esfuerzos, promesas e inversión, la trocha es un conjunto de puentes derrumbados y caminos intransitables, vinculados por cortos trechos de vía cuyo deterioro será cada vez más acelerado. El camino, o sus retazos, ya cumplen funciones directamente opuestas a las intenciones originales. En lugar de mejorar la seguridad, la vía dio origen a trillos clandestinos, abiertos a sus costados, por donde se trasiega ganado y granos entre Costa Rica y Nicaragua.
Los animales, robados en San Carlos o en Los Chiles, son llevados a Nicaragua para la venta. Reses robadas en Chontales y el río San Juan también son internadas en territorio costarricense, así como otros productos agrícolas, en especial frijoles. Las mismas rutas pueden ser utilizadas para el narcotráfico y el comercio de armas. Según los lugareños, el ganado, los granos y los electrodomésticos pasan a plena luz del día, así como la inmigración ilegal.
Los resultados son desastrosos y ponen ante nuestros ojos una radiografía de los males más graves de Costa Rica: la mala planificación, la corrupción (y hasta ahora la impunidad), la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura, la obstinada resistencia a encontrar medios para financiarla, la crisis fiscal y sus efectos paralizantes y la creación de expectativas mediante promesas de campaña sin arraigo en la realidad.