EscucharLa lotería ilegal aparenta ser una tradición popular sin consecuencias, que se encubre detrás de la fachada de las pulperías, como si fuera una actividad familiar. Pero no es un juego inocente. Aunque las listas de “tiempos apuntados” en cuadernos proliferan a simple vista, cerca de los mercados y de las paradas de autobuses, son parte de una red ilícita que mueve ¢70.000 millones al año.
La Junta de Protección Social (JPS) calcula que el mercado negro le “pellizca” anualmente un 27,62% de sus ingresos que, de otra manera, podrían canalizarse a los 419 programas de beneficencia que dependen de su ayuda. Como toda actividad al margen de la ley, no paga impuestos ni tiene gastos operativos, porque se vale de los sorteos oficiales, y algunos de sus locales carecen de patentes municipales.
“El impacto es para la sociedad costarricense porque los dineros que pueden acumular los juegos ilegales se concentran en unas cuantas personas. Si la Junta lograra captar este mercado, todas las utilidades serían para obras sociales. Además, hay otras consecuencias: estas bancas ilegales financian otras actividades ilícitas”, afirma Milton Vargas, gerente de la JPS.
Los juegos de fortuna ilícitos son cualquier cosa menos azarosos y responden a una estructura piramidal, que dificulta su detección y desarticulación por parte de la JPS y de la Fuerza Pública. La mitad de las ganancias va a los llamados “banqueros” o dueños de la banca, quienes aportan el monto de los premios, controlan las bandas y se ocultan debajo de los intermediarios.
Según los datos de la JPS correspondientes al 2005, el mercado se duplicó en una década, al pasar de ¢37.000 millones a ¢70.000 millones. Desde el 2000 se sabe que la operación está manejada por una mafia de chinos, colombianos, panameños y empresarios nacionales. Tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, este es uno de los principales instrumentos de legitimación de capitales, y financia y encubre el contrabando, el narcotráfico y otros negocios turbios del crimen organizado.
Gracias a este entramado, que no sospecha o no ve el comprador común, la lotería ilegal puede pagar hasta 85 veces la inversión hecha y el chancero, que en ocasiones también vende productos de la JPS, recibe un 18% de comisión. Se trata de una relación de confianza y el riesgo lo asume el cliente.
El mercado negro está implantado en los barrios del sur y el centro de San José, Cartago y las provincias periféricas. En Puntarenas y Limón, donde la JPS ha tenido tradicionalmente menos presencia, es normal encontrar sorteos nicaragüenses, colombianos y, en especial, panameños. Este último país pierde $500 millones al año por juegos ilegales y sufre un fenómeno similar que el nuestro con la lotería conocida del otro lado de la frontera como “la tica” –la de la Junta–, cuya venta es parte de la economía subterránea de Chiriquí desde hace décadas.
La Ley de Loterías sanciona la actividad ilegal, pero, a pesar de los operativos policiales, las denuncias son escasas y las condenas no superan las 10 al año. El mejor recurso para vencer el mercado negro, que es muy dinámico –como descubrió la JPS durante el pasado Campeonato de Fútbol–, es con sus mismos recursos y en su propio terreno.
Hace año y medio, la JPS lanzó tres modalidades de lotería electrónica de alto valor agregado, y se calcula que el mercado negro se redujo en un 14,5% y descenderá casi en una tercera parte en el 2015. Además, durante el 2014 emitió dos tirajes de raspaditas, realizó giras por el país y la venta del gordo navideño fue la más exitosa de los últimos tres años.
Con estas iniciativas, que tratan de adecuar la oferta a la demanda y acercarse a un mercado cada vez más competitivo, una institución histórica como la JPS sabe que sus productos y estrategias de mercadeo deben ser atractivos, modernos y eficientes para seguir cumpliendo con su papel en la política social, como lo ha hecho desde 1845.
