EscucharEl consenso ya se extiende hasta los salones del Poder Judicial. Si la Corte Suprema de Justicia quiere recuperar su brillo, es indispensable modificar el sistema de elección de magistrados. La tarea es demasiado importante para ponerla en manos de una Asamblea Legislativa donde las negociaciones rara vez hacen de lado cálculos sobre la futura influencia del partido político o el diputado amigo.
Los aspirantes a magistrados peregrinan por los despachos del Congreso para conversar con los legisladores y ganar sus votos. Es un espectáculo triste para la administración de justicia y la independencia requerida por la Corte Suprema de Justicia para servir como garante del imperio de la ley, aplicada sin favoritismos.
Adriana Orocú, presidenta de la asociación de la judicatura, y Ronald Segura, de la organización que agrupa a los fiscales, coinciden en exigir reformas y señalan la importancia capital del sistema de nombramiento de magistrados entre los aspectos urgidos de ajuste. Sin las enmiendas necesarias en ese plano, es imposible erradicar las distorsiones de la política partidista y los intereses particulares.
Los dos funcionarios representan a una generación de relevo en el Poder Judicial, afortunadamente muy numerosa y abiertamente disconforme con el estado de situación. La jueza y el fiscal, junto con sus organizaciones, llaman a la renuncia del magistrado Celso Gamboa, en el primer caso, y del fiscal general, Jorge Chavarría, en el segundo. Esos llamados testimonian la valentía y compromiso de jueces y fiscales con el servicio público. Su impulso debe ser aprovechado en esta coyuntura.
La Corte Plena hace una buena lectura del momento cuando se adelanta a proponer reformas, sin obviar las necesarias en el sistema de nombramientos. Los cambios no pueden ser cosméticos. El presidente de la Corte, magistrado Carlos Chinchilla, se ha referido a los sucesos de las últimas semanas como un punto de inflexión. Hay un antes y un después, afirmó. Así de tajante debe ser la propuesta de enmienda.
Las posibilidades van desde la introducción de requisitos para ser elegido hasta la delicada cuestión de los llamados a elegir. La asociación de jueces sugiere la edad mínima de 45 años y un periodo de espera entre la magistratura y el ejercicio de cargos políticos en los demás poderes del Estado. También se plantea la intervención del Colegio de Abogados y las escuelas de Derecho en el nombramiento, sea mediante la confección de ternas o en otras etapas de la selección.
En todos los casos, el propósito es delimitar la selección final para eliminar el exceso de discrecionalidad de los legisladores. La Comisión de Nombramientos y los parámetros establecidos para dar visos de objetividad al proceso legislativo ya demostraron, una y otra vez, sus falencias. Los procedimientos son fáciles de manipular para asegurar el resultado preconcebido.
También hay amplia coincidencia en la necesidad de limitar los años de servicio de los magistrados. Una posibilidad, expresada por diversos sectores, es la elección por seis años con una sola oportunidad de reelección. Es decir, doce años de servicio en la magistratura como máximo.
En términos generales, todas las propuestas gozan de aceptación. Falta concretarlas en un solo planteamiento y darles el impulso político suficiente para superar las barreras impuestas a las reformas constitucionales. Es difícil imaginar un mejor momento para ejecutar cambios cuya necesidad es obvia desde hace años, sin duda desde mucho antes de los escándalos de la actualidad, que son consecuencia de males bien conocidos.
